El sistema electoral mexicano (SEM) puede ser definido como la suma del Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Federal Electoral (Trife), la Fiscalía Especializada para Atención de los Delitos Electorales (Fepade), los partidos políticos y la legislación electoral.
Pues bien, el SEM pasó y no pasó la prueba de fuego el 7 de junio. La pasó porque el fantasma de la violencia fue conjurado, y el CNTE y la CETEG se convirtieron en tigres de papel. Bastó que el Estado respondiera con un despliegue de fuerza para que “los maestros” se replegaran prudentemente.
La pasó, porque el temor de que la nueva legislación pudiese desembocar en equívocos, donde sería confuso quién y cómo encauzaría el proceso electoral, no se concretó.
Pero, dicho eso, el SEM exhibió una serie de excesos, limitaciones y contradicciones que es indispensable señalar.
Empiezo por el primero. Las elecciones de 2015 son las más caras de la historia de este país. Y vale subrayar que, antes de la reforma de 2014, los costos de los procesos electorales ya eran absurdamente altos.
Refiero la cifra: el presupuesto de las autoridades electorales (INE, Trife y Fepade) y el financiamiento a partidos y campañas (federales) sumaron 21 mil 700 millones de pesos (55 por ciento más que en 2009).
Si a eso se agrega el costo real de la propaganda, en medios electrónicos, la cantidad se vuelve estratosférica: Integralia calculó que el tiempo confiscado para el DF y el Estado de México, puesto a disposición de los partidos, ronda los 16 mil millones de pesos.
Pero, ya se sabe, que el Estado de México y el Distrito Federal son zonas extremadamente pobladas y con alto desarrollo económico. Así que si se hace un cálculo, a ojo de buen cubero, y se supone que la media nacional es de 2 mil millones de pesos por entidad, el costo de los jingles y spots rondan los 64 mil millones de pesos; que, dicho sea de paso, sirvieron para producir basura electrónica.
No sólo eso. Los partidos recibieron este año, por concepto de prerrogativas y gastos para el proceso electoral, aproximadamente 9 mil millones de pesos. Buena parte de ese dinero se transformó también en basura, sólo que en este caso fue impresa.
Pero no terminan allí las contrahechuras. La legislación ha convertido al INE, como antes al IFE, en una santa inquisición electoral, que debe censurar los spots y propaganda de los partidos.
En 2007 se acordó prohibir cualquier forma de denigración. Ahora se estableció la prohibición de las calumnias. Enarbolando esa tea, el INE censuró spots a diestra y siniestra, con argumentos absurdos o rocambolescos.
El procedimiento fue tan ridículo que ni en el interior del Consejo Electoral ni en el Trife hubo acuerdo sobre qué había que prohibir o permitir.
Lo grotesco, en este caso, no quitó lo enjundioso. Porque, a final de cuentas, una propaganda vacía de todo contenido, para no hablar de la ausencia de confrontación y debate, tuvo en las campañas negativas el único oxigenador de la contienda. Pero los comisarios, perdón, consejeros, lejos de actuar con prudencia, determinaron que las campañas negativas violaban la ley y procedieron a sacarlas del aire.
El meollo del problema está en que la legislación que prohíbe a los ciudadanos comprar tiempo en los medios electrónicos, para incidir en los procesos electorales, constituye un atentado contra la libertad de expresión; además que ha degradado el debate y la propaganda política.
Quienes promueven el voto nulo, por ejemplo, tienen todo el derecho de difundir sus mensajes en la radio y la televisión. Derecho que está consagrado en el artículo sexto constitucional.
Y los ciudadanos, por su parte, tienen todo el derecho de oír y ver esos mensajes para luego decidir su voto. Principio inscrito como derecho a la libertad de información; también en el sexto constitucional.
En resumen, el SEM no pasó la prueba porque: 1) es irracional y escandalosamente costoso; 2) es grotesco que el INE se haya convertido en el Torquemada del proceso electoral, atentando contra la libertad de expresión e información; 3) las campañas son huecas y tratan a los ciudadanos como si fueran idiotas.
Así que no, el SEM no pasó la prueba.
Twitter: @SANCHEZSUSARREY
