Toluca, México.- La creación del Mando Único Policial Estatal es centralista, viola la autonomía municipal, el principio penal de la sujeción a la norma, y pretende otorgar a la Federación la facultad exclusiva de administrar la violencia (crimen organizado), advirtieron especialistas al participar en el Foro de análisis para la implementación de esta figura.
El diputado local Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense y organizador del “Foro para Analizar la Propuesta Constitucional sobre la Policía Única en las Entidades Federativas” adelantó que los resolutivos de este ejercicio se enviarán al presidente del Senado, Miguel Ángel Barbosa; al presidente de la Cámara de Diputados federal, Silvano Aureoles; a coordinadores de los grupos parlamentarios y presidentes de las Comisiones de Seguridad en ambas Cámaras, para que esta iniciativa se debata con seriedad, como se debieran debatir al menos las más importantes, pues resulta innegable que en estos momentos la seguridad es la principal demanda ciudadana.
El además subcoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Legislatura mexiquense, confió en que, con los elementos aportados, aún existe la posibilidad de revertir las reformas; en caso de ser aprobada, incluso no descartó que se eche abajo por la vía de la controversia constitucional, pues desde su punto de vista es violatoria del artículo 115 relacionado con la autonomía municipal.
“Hay posibilidades de echarla atrás, aún no se ha aprobado, al menos el grupo parlamentario del PRD solicitaré que no avalen la posición; y hay que ver si se violó algún precepto constitucional, desde mi punto de vista se viola la autonomía de los ayuntamientos, el 115, pero lo importante es tomar decisiones con base en lo que la gente necesita, lo que dicen los expertos, y no sólo por lo que sus intereses atienden”, dijo.
Además, lamentó que se realicen reformas contradictorias para erradicar la delincuencia, pues hace diez días, “de manera sorpresiva, irresponsable”, se aprobó la Ley de Casinos a nivel federal, pero los mismos diputados desconocen la iniciativa y la avalaron porque así los instruyó su coordinador.
“Por un lado Peña Nieto quiere resolver el tema de la inseguridad y por otro lado abre el juego en vivo en 800 establecimientos en los negocios de Televisa y Hank Ronh, generando ludopatía y lavado de dinero, eso no favorece al país, es un tema de ocurrencias”.
En este foro, la Maestra Cristina Burgos García, profesora del INACIPE y ex Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, advirtió que la iniciativa atenta contra la policía de proximidad que conoce los problemas y necesidades de la población, y contra los contrapesos internos y de supervisión de los elementos.
Además, vislumbró entre los riesgos el fomento del centralismo de la federación contra la autonomía municipal, que no establece el combate a la corrupción de las policías estatal y federal, la devaluación del Municipio y su pérdida de interlocución con la ciudadanía, no habla de respeto y salvaguarda a los derechos humanos, ni del retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de vigilancia, posiblemente porque las estatales no pueden solas.
Desde su punto de vista, deben ser considerados y no desaparecer los casos exitosos de las policías de Querétaro, Tijuana y Nogales, y brindarles suficiencia presupuestal.
De otro modo, claramente revela que la Federación sólo quiere “administrar la violencia” (a los cárteles) y controlar a los Estados.
En tanto, la Maestra Estelí Martínez Consuegra, profesora e investigadora de la UNAM, advirtió que la iniciativa viola los derechos laborales y humanos de los miles de policías municipales que podrían ser despedidos y que ya habían sido certificados.
También debilitará económicamente a los municipios, quienes deberán pagar por el servicio.
“Se quiere culpar a las Policías Municipales del combate a la delincuencia cuando es competencia Federal; también la Federación está infiltrada por el crimen, pero además el Ejército sólo está en las calles con las dictaduras, en época de paz debe permanecer acuartelado”, disertó.
Si se trata de eliminar las instituciones que no funcionan, lamentó, entonces hay que desparecerlas a todas. De lo que se trata, dijo, es de fortalecer a las Policías Municipales, diseñar políticas públicas de prevención efectivas que no dependan de los vaivenes políticos, y que también se sancione a los malos policías.
Finamente, el Doctor Gilberto Santarita Taméz, profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana, advirtió que el planteamiento viola el principio penal de sujeción a la norma, al mezclar competencias.
Se dijo a favor de sancionar a los policías municipales halcones, pero advirtió que también las corporaciones estatales están infiltradas por el crimen y consideró un atentado la pretensión de desaparecer municipios.
“Ningún sistema funcionará con corrupción”, advirtió, tras considerar que las autoridades no retoman los casos de éxito y, por el contrario, sí los que han demostrado su fracaso, sólo por intereses políticos.
