El documento también reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Al inicio de la discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, integrar un adéndum al dictamen que elaboró la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para precisar aspectos de la operación de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos).
El secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Fernando Charleston Hernández (PRI), fundamentó el dictamen, luego el Pleno rechazó dos mociones suspensivas presentadas por los diputados Javier Orihuela García (PRD) y Gloria Bautista Cuevas (PRD) y posteriormente los grupos parlamentarios fijaron su posición.
El documento surge de una iniciativa elaborada por un grupo plural de trabajo de senadores y diputados, que la Comisión Permanente aprobó crear para revisar esa ley y demás disposiciones, a fin de realizar las reformas necesarias para prevenir y evitar que se presenten casos como el de Ficrea.
Esa sociedad financiera fue liquidada por las autoridades correspondientes en diciembre pasado, tras haber realizado operaciones fraudulentas por cerca de dos mil 700 millones de pesos, con afectación a más de seis mil 800 ahorradores.
AMPLÍA FONDO PARA PAGO DE AHORRADORES
El dictamen avalado amplía el fondo para el pago de ahorradores de sociedades financieras populares en liquidación, a fin de que recuperen hasta un millón de pesos, adicionales a las 25 mil Unidades de Inversión previstas hasta ahora, con lo que se beneficiará a los afectados por el fraude en Ficrea.
Se propone que el gobierno federal, aprovechando la estructura del Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (FIPAGO), aporte los recursos respectivos a una subcuenta de éste.
En la exposición de motivos del documento aprobado se señala que, mediante este mecanismo, se fomentará la confianza en el sector de ahorro y crédito popular, al implementar este programa social en protección de los ahorradores.
Queda de manifiesto que el hecho de pagar una cantidad superior al seguro de depósitos es en beneficio de éstos”, se comenta.
También se aumentan las penas pecuniarias y privativas de la libertad en determinados tipos penales e incluye nuevas conductas que se considerarían delictivas, al tiempo de considerar responsabilidades para los accionistas.
Las sanciones van de dos a 15 años de prisión y multas de dos mil a 350 mil días de salarios mínimo, ante irregularidades realizadas por los socios, consejeros, funcionarios, directores o gerentes generales y demás directivos o empleados o auditores externos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Para los servidores públicos, las sanciones aumentan en una mitad.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular figura entre los temas prioritarios que los líderes parlamentarios del PRI, PAN y PRD, en ambas cámaras, acordaron aprobar en este periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril.
