Morena ya tiene lista la base para la extinción de los organismos autónomos en México, y en el periodo de sesiones de septiembre a diciembre se votará la iniciativa.
La mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM en la
Cámara de Diputados tiene listo ya, en la Comisión de Puntos Constitucionales, el
proyecto de dictamen de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López
Obrador que ordena desaparecer al INAI, el IFT, la Cofece, el Coneval, la
CRE, la CNH y la Mejoredu.
Como parte del paquete de las 20 iniciativas que el
Ejecutivo envió a los diputados el pasado 5 de febrero, enlistó en el número 17
una reforma a los artículos 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y
134 para la eliminación de siete órganos autónomos, con el
argumento de que “se busca ahorrar recursos y que estos organismos se
incorporarán a la administración pública federal”.
En el proyecto de dictamen, que se anunció como parte del ‘plan C’ de López Obrador,
que la Mesa Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales tiene ya listo,
precisa que “las economías y ahorros que se generen con la extinción de
los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de
Pensiones para el Bienestar, que se cree en términos de la legislación
aplicable.
También señala que las atribuciones de la Comisión Federal
de Competencia Económica (Cofece), al Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora
Continua de la Educación (Mejoredu), “se asignarán a dependencias básicas
de la Administración Pública Federal”.
En el proyecto de dictamen de la iniciativa del Ejecutivo, en materia de
simplificación orgánica, también aclara que los comisionados de todos estos
organismos “concluirán sus funciones a la entrada en vigor de la legislación a
que aluden los artículos segundo y cuarto transitorios, respectivamente, salvo
aquellos cuya vigencia de su nombramiento concluya previamente”.
Destaca que “los derechos laborales de las personas
servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la
legislación aplicable y los recursos humanos con que cuenten los entes públicos
que se extinguen, a consecuencia del presente Decreto, pasarán a formar
parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda”.
Indica que “los títulos habilitantes otorgados por el IFT continuarán
vigentes en sus términos, sin perjuicio de que los concesionarios
deban cumplir con las obligaciones y contraprestaciones que en su caso les
imponga el Ejecutivo federal, en ejercicio de sus atribuciones”.
Subraya que el Congreso de la Unión “tendrá un plazo de un
año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las
adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a
éste”.
No hay comentarios :
Publicar un comentario