El gobierno del estado de México interpuso recursos de revisión en contra de determinaciones del Segundo Tribunal Colegiado de Segundo Circuito del Poder Judicial Federal, que ordenó detener la distribución y entrega de libros de texto gratuito para los alumnos de escuelas públicas del estado de México.
Además, la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez hizo un llamado a los magistrados y jueces del Poder Judicial Federal para que no prohíban el uso de los nuevos libros de texto gratuitos, pero sobre todo a que sean sensibles con la realidad social del país.
A través de la Consejería Jurídica del gobierno que encabeza Delfina Gómez, se presentaron los recursos en contra de las resoluciones dictadas en los juicios de amparo 1094/2023 y 1096/2023, promovidos por doce padres de familia en contra de la impresión y distribución de los Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024.
A decir del gobierno mexiquense, “esta resolución afecta la enseñanza de la totalidad del alumnado de nivel básico al privarlos de una educación completa y de calidad, obstaculizando el buen funcionamiento del diseño pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana”
En un comunicado, el gobierno de Delfina Gómez indicó que no se puede privar de este derecho a los alumnos de educación básica, cuando quienes solicitaron el amparo fueron únicamente 12 padres de familia; “consideraciones que los magistrados federales no tomaron en cuenta al ordenar a los jueces de distrito emitir las suspensiones de los actos de las autoridades educativas estatales”.
Los magistrados federales Isidro Manuel Muñoz Acevedo, Alberto Roldán Olvera y David Tagle Islas (secretario en funciones de Magistrado), instruyeron que la suspensión de la entrega, distribución y uso de los nuevos libros de texto gratuitos tuvieran efectos generales en millones de educandos y no únicamente en los hijos de quienes promovieron el amparo, violando las reglas básicas del juicio de amparo que sólo es procedente a petición de la parte afectada.
El gobierno estatal considera que la orden del Tribunal Colegiado a los jueces de distrito daña gravemente a más de 3.1 millones de estudiantes de educación básica, a quienes en un 85 por ciento ya se les han entregado los libros de texto, “afectando gravemente su derecho a la educación protegido por el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
“La determinación judicial viola este derecho de millones de educandos, al prohibirles el uso de 9 millones 804 mil 777 libros de texto gratuitos que ya se encuentran en sus manos; trastocando además su libertad de pensamiento y expresión en su vertiente de poder elegir con entera libertad qué material o lecturas adoptar en su formación personal. En la decisión de los magistrados federales prevalece la ideología de unos pocos sobre la libertad de pensamiento de millones de alumnos, padres de familia y maestros”, se afirma en el comunicado.
Además, acusa que los magistrados federales intentan imponer además una carga económica desproporcionada a las familias y al sistema educativo estatal al sugerir “la reimpresión de los libros de texto aprobados para el ciclo inmediato anterior (2022-2023), sin tomar en cuenta la insuficiencia presupuestal para poder reimprimir los libros.
“El Gobierno del Estado de México ve con preocupación la recurrente injerencia de las autoridades judiciales federales en el diseño, implementación y ejecución de las políticas públicas del Estado Mexicano, que constitucionalmente sólo competen a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En este sentido, el Gobierno del Estado de México respetuosamente exhorta a los jueces y magistrados federales a ser sensibles a la realidad social del país y emitir sus resoluciones respetando los marcos competenciales de los Poderes de la Unión y de los Estados, limitando su actuación a lo que la Constitución les encomienda para lograr una verdadera justicia en los casos sujetos a su jurisdicción”, concluye el comunicado.
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