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La nueva iniciativa de AMLO que ya fue turnada a comisiones para su revisión obliga a los estados a prever recursos en caso de emergencia y desastres naturales.
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara
de Diputados su iniciativa de Ley General de Protección Civil y Gestión
del Riesgo de Desastres, la cual obliga a las entidades federativas a prever en
sus presupuestos los recursos necesarios para brindar atención en caso de
emergencia y desastres
naturales.
Según señala el artículo 18 de la nueva ley, el monto que
cada entidad debe destinar a este objetivo corresponderá, como mínimo, al 10
por ciento del promedio obtenido de la aportación que haya realizado
durante los últimos cinco años para la reconstrucción de su infraestructura
dañada.
Asimismo, establece que los gobiernos estatales, municipales
y de las demarcaciones territoriales están obligados a contratar seguros y
otros instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre
para cubrir los daños causados por un fenómeno natural.
En caso de que los recursos resulten insuficientes,
los estados puedan solicitar apoyo a la Federación a través de los
acuerdos previstos en la ley. Es decir, el Gobierno Federal no se deslindará
por completo de brindar ayuda en estos casos, pero busca que sus gastos estén
justificados y se destinen directamente a este propósito.
La nueva ley también sustituye los mecanismos de
financiamiento previstos en la Ley de 2012. En vez del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los fondos de ayuda
federal y los fondos de protección civil de las entidades federativas, prevé la
existencia de instrumentos presupuestarios federales de gestión de riesgos.
Estos corresponden al programa o mecanismos con los que el Gobierno Federal
lleva a cabo acciones preventivas o ejecuta proyectos para atender los daños ocasionados por desastres
naturales.
Asimismo, sustituye las declaratorias de Emergencia y
Desastre y en su lugar propone la creación de acuerdos para ambos casos. A
diferencia de las primeras, estos se emitirán por entidad federativa y no por
municipios. Además, establece un límite temporal a la aplicación de recursos
cuando concluya una emergencia. En el caso de desastre, el apoyo concluirá
hasta que se haya atendido a la población afectada y se hayan reparado las
afectaciones.
A estas nuevas medidas se suma la regulación de
donativos. Según el documento, estos deberán ser siempre “verificables y
aplicarse específicamente a la población afectada por la emergencia o desastre,
de tal manera que el destino y manejo de esos recursos sea transparente,
eficiente y eficaz”.
Además, prevé la aplicación de sanciones a servidores
públicos que autoricen construcciones en zonas de alto riesgo y que pongan
en peligro la seguridad de las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Protección Civil y
Prevención de Desastres para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública para opinión.
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