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Senadores recibirán una multa de 103 mil 740 pesos si no nombran a un nuevo comisionado del Inai en los próximos tres días.
Una jueza federal dio tres días al Senado y a la Junta
de Coordinación Política (Jucopo) para que presente la fecha en que
será sometida a consideración la nueva propuesta para cubrir una de las vacantes del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Dentro del amparo 1714/2022, Celina Quintero, jueza
decimoséptima de Distrito en Materia Administrativa, estableció que, si
los senadores no cumplen con el mandato, se les impondrá una multa
que podrá llegar a 103 mil 740 pesos.
“En caso de ser omisa, se le impondrá una multa equivalente
a cincuenta unidades de medida y actualización, la cual podría aumentar
gradualmente hasta llegar a mil unidades”, estableció la juzgadora.
En un segundo amparo, el 803/2023, la jueza insiste en su
petición de que es necesario llenar la vacante.
Ambos recursos fueron promovidos por Francisco
Ciscomani, miembro del Consejo Consultivo del Inai, quien reclamó la
falta de nombramiento después de que Francisco Acuña dejó el puesto el
primero de abril pasado.
En al menos dos ocasiones, Quintero Rico ha otorgado
suspensiones definitivas con las que ha urgido a la Jucopo en el Senado a que
elabore la lista de candidatos para ocupar el cargo de comisionado.
El Inai quedó inoperante con la salida de Acuña, al no contar
con el quorum necesario para llevar a cabo las sesiones.
Antes, en marzo, el presidente Andrés Manuel López
Obrador utilizó su veto como titular del Ejecutivo para frenar otros dos
nombramientos que ya habían sido designados por el Senado de la República.
Esta parálisis terminó el miércoles, cuando la Segunda Sala
de la Corte otorgó una suspensión con la que determinó que el pleno del Inai podía sesionar con los integrantes con los que cuenta actualmente.
Los ministros también determinaron que esta
autorización dejará de estar vigente una vez que el Senado nombre, cuando menos, a una persona más, con lo que se
cumpliría el quorum que pide la ley.
Al resolver este asunto, los ministros consideran que la
parálisis del Inai ha venido actualizando la violación de dos derechos
fundamentales: el de acceso a la información y el de protección de datos
personales.
“(Esto ha) privado a miles de ciudadanas y ciudadanos de
obtener una respuesta a sus reclamos en los plazos que señala la ley”,
sentenció el alto tribunal.
Asimismo, explicó que tanto la Constitución como la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen un
diseño normativo para evitar que ocurran vacantes prolongadas en el pleno del
Inai.
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