En opinión de Eduardo Esquivel Ancona, el fallo de la SCJN sienta un precedente por el que en adelante se podrán abrir todas las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, alojadas en DeclaraNet
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó hace unos días la entrega de la información
patrimonial de 23 ingenieros militares que estuvieron relacionados
directamente en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA),
por lo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá entregar a un
particular la versión pública de las declaraciones.
Los ministros de la Corte inobservaron el acuerdo del
coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción por el que emiten los formatos
de las declaraciones -articulo vigésimo- que establece que los Comités de
Transparencia de cada ente público serán los responsables de clasificar la
información de las declaraciones como reservada cuando su
publicidad ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona,
atendiendo al marco de los artículos 108 y 113, fracciones I y III,
inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al hacer públicas las declaraciones de los
funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) todo mundo puede
conocer el nombre y cargo de las personas servidoras públicas, adscritas al
sector seguridad nacional, que participaron en el diseño y construcción de
un proyecto considerado como de seguridad nacional como tal cual es el
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
El acceso a la información de los ingenieros militares a
cualquier persona podría ser aprovechada -entre otros- por el crimen organizado pues
tendrían los nombres, cargos, y el área de adscripción de los profesionistas
involucrados en la edificación del aeródromo y del proyecto ejecutivo del
inmueble siendo que estos datos deberían de ser resguardados por
seguridad nacional, y no poner en peligro la vida de los elementos de la Sedena
y en riesgo la operación del aeropuerto.
Habría que recordar que, en octubre de 2022, el Instituto
Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó a la Secretaría de la Función Pública entregar
dicha información, resolución que fue impugnada por la secretaria que
dirige Roberto Salcedo Aquino vía Consejería Jurídica de Presidencia
por lo cual el asunto escaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El pasado 17 de agosto, con seis votos a favor, el pleno de
la Corte declaró infundado el recurso de revisión en materia de
seguridad nacional que se interpuso.
La Secretaría de la Defensa había solicitado en tiempo y
forma la reserva de la información por considerar que dar a conocer
el nombre y cargo de los ingenieros del ejército mexicano los exponía
a ellos y a sus familias a un riesgo real respecto de sus vidas.
Además, se trata de la participación de estos
profesionales en una obra de seguridad nacional como lo es el diseño y
construcción de un aeropuerto internacional los cuales conocen el
proyecto ejecutivo de obra, planos, memorias de cálculo, entre otra
información, que podría resultar de interés de la delincuencia
organizada.
Los impartidores de justicia del más alto tribunal de la
nación señalaron que la Consejería Jurídica de Presidencia no aportó pruebas para
demostrar que los documentos representan una violación a la seguridad
nacional.
La mayoría del pleno de ministros de la Suprema Corte que
decidieron que los ingenieros militares tenían la obligación de hacer
públicas sus declaraciones patrimoniales argumentaron que los miembros del
ejército tienen carácter de servidores públicos, por lo que están
obligados a hacer públicos sus patrimonios personales bajo la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
El fallo de la SCJN sienta un precedente por el
que en adelante se podrán abrir todas las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses alojados en DeclaraNet de las personas
servidoras públicas que realicen actividades administrativas en el sector de la
seguridad nacional no obstante que los Comités de Transparencia de las otras
dependencias y entidades hayan reservado la información.
Lo que tendrían que tomar en cuenta los impartidores de
justicia es que los militares y personal adscrito a las fuerzas armadas del
Estado mexicano no son como ellos que solo van a sentarse en el trono
para el cual no fueron elegidos, mientras que -de otro lado- los miembros del
ejército nacional están para atender las necesidades de seguridad de todos los mexicanos, por
lo que un día pueden estar en operativo militar, al otro día dando
mantenimiento a los vehículos unidades de transporte y a la siguiente semana
participando en la construcción de obras para el bien de México.
El fallo de la SCJN sobre dar a conocer las declaraciones
patrimoniales de los 23 ingenieros militares que estuvieron involucrados en el
diseño y construcción del AIFA parece más una vendetta de los
ministros de la Corte contra el gobierno de la Cuarta Transformación que
una decisión jurídica de parte de los impartidores de justicia a los
cuales parece no importarles los riesgos que puedan correr los
miembros del ejército.
Los ministros de la Suprema Corte deberían predicar con
el ejemplo ya que a muchos mexicanos nos gustaría conocer de primera mano
la declaración patrimonial de los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y saber que hacen con sus jugosos salarios y prestaciones monárquicas de
que gozan, así como cuántos inmuebles, automóviles, joyas, inversiones tienen y
saber cuántos viajes realizan ellos y sus familias al año.
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