*La sentencia sobre el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército
*El presidente ha revelado que intentó, sin éxito, convencer
a los jueces de que no tumbaran la reforma legal que convertía al cuerpo
policiaco en un apéndice de las Fuerzas Armadas
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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha
revelado este lunes que habló directamente con cinco ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intentar convencerlos de no
aprobar la
sentencia que anularía la transferencia al Ejército del control de la Guardia
Nacional, un cuerpo policiaco que fue creado originalmente como una
corporación de naturaleza civil y convertido, a mitad de sexenio, en un
apéndice castrense. El mandatario no mencionó los nombres de los jueces con los
que habló, pero sí dio pistas: a cuatro de ellos los propuso él para el cargo
de ministros, y el quinto, que ya era integrante de la Corte, es alguien que le
había manifestado respaldo a su proyecto de Gobierno desde la campaña
presidencial de 2018. El mandatario necesitaba al menos de cuatro votos para
lograr su cometido. Pero el cabildeo no surtió efecto: una mayoría de ocho
ministros contra tres declaró inconstitucional la reforma y declaró que la
Guardia Nacional debía volver a quedar bajo el control absoluto de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la institución civil que, conforme
el artículo 21 de la Constitución, debe hacerse cargo de las tareas de
seguridad pública.
Los comentarios de López Obrador son reveladores por dos
circunstancias. La primera es la demostración de la injerencia del Ejecutivo en
un poder autónomo, el Judicial, cuando el propio presidente López Obrador se ha
declarado republicano y respetuoso de la división de poderes, y cuando él mismo
se ha quejado de que los jueces han intentado paralizar a su Gobierno a punta
de sentencias (algo que él ha llamado “golpe
de Estado técnico”). Lo segundo, es que cuando menos dos de los cinco
ministros que López Obrador consideraba aliados no han actuado conforme la
línea del oficialismo. Los integrantes del Supremo propuestos por el presidente
son Yasmín Esquivel —envuelta en los escándalos del
plagio de sus tesis de licenciatura y doctorado—, Loretta Ortiz, Margarita
Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara. El ministro que abiertamente ha
expresado posturas a tono con los principios del obradorismo es Arturo
Zaldívar. Al final, en la sesión del 18 de abril donde se discutió el asunto de
la Guardia Nacional, solo Zaldívar, Esquivel y Ortiz hicieron caso a López
Obrador. Ríos Farjat y González Alcántara —este fue quien
elaboró el proyecto de sentencia— votaron con la mayoría para anular la
transformación de la Guardia Nacional en un cuerpo militar.
“Para que una ley se declare inconstitucional se requiere de
ocho ministros: si cuatro dicen no, ya es constitucional. Entonces, de las
preocupaciones que más me interesaban resolver, estaba el que la Guardia
Nacional pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Se aprobó la ley
en el Congreso, y la impugnan. ¿Cuál es la excusa? El militarismo”, ha relatado
el presidente este miércoles en su coferencia mañanera. “Y yo dije: ‘Ahora
sí me voy a meter, porque esto es importantísimo’. Y hablo con cinco
[ministros]: con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya
estaba [Zaldívar], para garantizar los cuatro votos”, ha agregado.
López Obrador ha dicho que incluso desde antes algunos
de esos ministros habían demostrado actuar de manera irregular. “Entonces
hablo con cinco, uno por uno. No saben lo que me costó, porque ya venían
actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto [de la Guardia
Nacional] vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que
tiene. Y hablé con los cinco. Y con dos no pude. No pude. No me dijeron que no
ahí [en la plática], ‘sí, cómo no’, de manera muy hipócrita. Eran cuatro
los que se necesitaban, nos quedamos con tres, y se pierde el propósito de que
la Guardia Nacional dependiera de la Secretaría de la Defensa”, ha afirmado.
El mandatario ha reiterado que su interés siempre ha sido
que la Guardia Nacional se rigiera por la disciplina militar imperante en las
Fuerzas Armadas, y evitar
que la corporación policiaca se corrompiera como sucedió con la
Policía Federal en los Gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña
Nieto (2012-2018), cuando la institución estuvo bajo el mando de la Secretaría
de Seguridad Pública y luego de la Secretaría de Gobernación, respectivamente.
López Obrador ha vuelto a sacar a colación el nombre de Genaro
García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el calderonismo y
que en febrero de este año fue declarado culpable en Estados Unidos de
narcotráfico. “Mi preocupación es que termino [mi Gobierno], me voy a ir, pero
no quiero que la Guardia Nacional quede en la Secretaría de Seguridad Pública
ni en Gobernación, como estaba; imagínense, a los tres o seis años se echa a
perder. No vaya a llegar un joven ambicioso y sin principios como García Luna”,
ha dicho el presidente.
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