Gertz Manero, el coordinador antidrogas de Echeverría

Uno de los pasajes más oscuros de Luis Echeverría durante su gestión en Los Pinos fue el de las campañas antinarcóticos. En plena Guerra Sucia, en la cúspide de la contrainsurgencia, él desplegó la Operación Cóndor.Un personaje que encabezó esas acciones fue Alejandro Gertz Manero.

Uno de los pasajes más oscuros de Luis Echeverría durante su gestión en Los Pinos fue el de las campañas antinarcóticos. En plena Guerra Sucia, en la cúspide de la contrainsurgencia, él desplegó la Operación Cóndor, que, amén de los daños ecológicos por el uso indiscriminado de agentes químicos nocivos, provocó innumerables muertes y entre 10 mil y 35 mil desplazados, además de disfrazar la represión antiguerrillera. Un personaje que encabezó esas acciones en sincronía con la DEA y la embajada de Estados Unidos en México fue Alejandro Gertz Manero, según algunos cables diplomáticos estadunidenses revelados por WikiLeaks.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– "Sí, estamos usando herbicidas y antes de mediados de este año vamos a terminar totalmente con el cultivo de narcóticos en este país”, dijo en enero de 1976 el entonces coordinador general de la campaña contra el narcotráfico, conocida como Operación Cóndor, Alejandro Gertz Manero, en conferencia de prensa, de acuerdo con un cable de WikiLeaks de la embajada de Estados Unidos en México.

En esa ocasión, Gertz Manero –quien hoy es titular de la Fiscalía General de la República– reveló que para eliminar cultivos de mariguana y amapola en Oaxaca, Guerrero, Colima, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Durango y Chihuahua, el gobierno mexicano estaba rociando masivamente desde helicópteros gramoxone, una fórmula concentrada del herbicida paraquat que, hoy se sabe, era altamente tóxico.

“Es inofensivo para la ecología y está completamente autorizado por el código sanitario y por la Secretaría de Agricultura”, dijo Gertz Manero, según el cable que retomó la nota informativa de aquel día del reportero de Excélsior Elías Chávez.

Gertz Manero dijo que si la Procuraduría General de la República utilizara un herbicida no aprobado “seríamos delincuentes”; afirmó que quienes se oponían eran “los narcotraficantes y sus cómplices”; ellos “han desatado una campaña para mostrarnos como irresponsables, como delincuentes, que causan un problema ecológico”, añadió.

El dicloruro de paraquat, comúnmente conocido como paraquat, fue registrado por primera vez en 1964. Desde entonces, cada vez hay más información sobre su nocividad. Está prohibido en la Unión Europea desde 2017 por su posible vínculo con la enfermedad de Parkinson.

En Estados Unidos es usado de manera restringida y controlada, según la Agencia de Protección Ambiental de EU, pues es altamente tóxico, es corrosivo para la piel y los ojos, y presenta riesgos potenciales por la dispersión al nebulizarlo cuando hay personas en las orillas del campo.

A 46 años de distancia se sabe que el saldo de la Operación Cóndor, que se inició en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), con la intervención abierta de Estados Unidos, fue negativo porque no se frenó el tráfico de drogas; al contrario, surgió el Cártel de Guadalajara y la población de la región del llamado Triángulo Dorado sufrió abusos y violaciones a los derechos humanos, y fue privada de su base de sustento, la producción agrícola, con campañas indiscriminadas de fumigación aérea, dice en entrevista Adela Cedillo, académica de la Universidad de Houston.

Dedicada al estudio de la relación entre la Guerra Sucia y la guerra contra las drogas durante la década de 1970, Cedillo cuenta que nunca se realizó un estudio para medir el impacto a la salud de las comunidades por el uso de esos químicos sobre cultivos ilícitos y no ilícitos para consumo interno.

“Principalmente lo que se usó en México fue paraquat, y hay que reconocer que Gertz Manero se opuso a que se usara ‘el agente naranja’, porque sabía los efectos que había causado en Vietnam. Entonces no se autorizó ‘el agente naranja’, pero sí otros agentes químicos sin haber hecho un estudio tanto de impacto ambiental como en la salud. Por ese simple hecho debería juzgársele al actual fiscal general de la República”, comenta la historiadora.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2385 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.