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La
reforma contempla que los hospitales especializados en salud mental se
reconvertirán a centros generales y que el internamiento será el último recurso
y por breve tiempo.
Tras meses de análisis e intentos de cambiar la Ley General de Salud, sobre
todo en lo relacionado con la salud mental, el Pleno de la Cámara de Diputados
aprobó una reforma que implica desaparecer los hospitales especializados en
psiquiatría para transformarlos en entidades de atención general.
Por
358 votos a favor y 107 en contra, diputadas y diputados decidieron que habrá
atención primaria y ambulatoria para tratar la salud mental y las adicciones,
siendo el internamiento el último recurso.
La Reforma, por ser minuta del Senado y sin cambios en el texto, fue enviada ya
al Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor.
«Para
garantizar el acceso y continuidad de la atención de la salud mental y
adicciones, se deberá disponer de establecimientos ambulatorios de atención
primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales, hostales
regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud.
«Asimismo,
para eliminar el modelo psiquiátrico asilar [que separa al paciente del resto
de la población], no se deberán construir más hospitales monoespecializados en
psiquiatría, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales
dentro de la red integrada de servicios de salud», cita la reforma al artículo
74 de la ley.
La
votación en el Senado llega después de que tras 16 iniciativas presentadas en
los últimos años para legislar sobre salud mental en tono de derechos humanos,
el Senado aprobó en diciembre una iniciativa que hace énfasis en la importancia
de los servicios comunitarios, estrategias para apoyo en la comunidad y manejo
de crisis, pero también en el derecho a decidir de los usuarios… salvo en
momentos de crisis, como te lo contamos en ese entonces en la nota Salud mental
con (algunos) derechos a la que puedes acceder aquí para leerla de nuevo.
¿Adiós
al internamiento obligado?
La
reforma plantea que, de acuerdo con el enfoque en derechos humanos, la
secretaría de Salud deberá hacer explícitas las intervenciones prioritarias de
salud mental y adicciones para garantizar el acceso a la prevención y atención.
A
la población usuaria de los servicios de salud mental se le reconoce el derecho
a no ser sometida a medidas de aislamiento, contención coercitiva o cualquier
práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes y, en su caso,
ser sujeto a medios para atenuar el escalamiento de crisis.
«Tienen
derecho a un diagnóstico integral e interdisciplinario y a un tratamiento
basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, revisado
periódicamente y modificado de acuerdo con la evolución del paciente, que garantice
el respeto a su dignidad de persona humana y sus derechos humanos».
Otros
derechos que son reconocidos en la reforma son no ser sometida a tratamientos
irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona; a ser tratado y
atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar donde habiten sus
familiares y amigos y derecho a la confidencialidad de la información sobre su
salud.
“El
internamiento sólo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte
mayores beneficios terapéuticos para la persona que el resto de las
intervenciones posibles; se realizará por el tiempo estrictamente necesario y
en el Hospital General o de pediatría más cercano al domicilio del usuario”,
dice el texto de la reforma.
«Por
ningún motivo, el internamiento puede ser indicado o prolongado si tiene el fin
de resolver problemas familiares, sociales, laborales o de vivienda y de
cuidado del paciente”.
¿Qué
pasa con los niños y las niñas?
«Se
privilegiarán alternativas comunitarias; en caso de que exista la justificación
clínica para el internamiento, éste se llevará a cabo en hospitales generales o
en hospitales de pediatría. Asimismo se recabará la opinión de niñas, niños o
adolescentes y se dejará registro en la historia clínica.
“En
caso de no estar de acuerdo con el internamiento, la institución, junto con la
madre, el padre o tutor, deberán valorar otras alternativas de atención», dice
la reforma aprobada.
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