La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Marcela Guerra Castillo, propuso una iniciativa para instaurar la
prisión preventiva oficiosa para quienes cierren o impidan el paso a las
vías de comunicación terrestre, como es el caso de las casetas de cobro en
autopistas.
Para el PRI, la propuesta se justifica porque en los últimos
meses se han registrado “cierres arbitrarios e ilegales” en vías de
comunicación terrestre que dañan a la gente, el comercio y la economía del
país.
La legisladora argumentó que estas acciones realizadas por
contingentes de manifestantes o grupos de la delincuencia organizada, en
entidades como el Estado de México, Jalisco, Sonora, Morelos, Guerrero,
Ciudad de México, representa una afectación nacional, por lo que subrayó, la
iniciativa incluye agravar las penas para quienes lo realizan por un período
prolongado.
Detalló que la Asociación de Industriales de Michoacán
reportó por estos bloqueos a vías férreas en su entidad, pérdidas por más
de 150 millones de pesos, con la interrupción del traslado de toneladas de
mercancías, tránsito de personas y afectación al turismo.
En ese sentido, Guerra Castillo, indicó que Caminos y
Puentes Federales (CAPUFE), así como empresas privadas, estiman también
pérdidas de 7 mil millones de pesos originados solo para toma de casetas a
lo largo ya lo ancho del país. Los daños colaterales, expuso, son un marcado
debilitamiento a las cadenas de distribución, la logística y las operaciones
industriales en nuestro país.
A pesar de estas problemáticas, la diputada priista aseguró
que las acciones del gobierno federal han sido insuficientes, por lo que,
propuso, desde el Poder Legislativo tomar cartas en el asunto, que reviertan
estas maniobras arbitrarias que vulneran la seguridad y la movilidad de los
mexicanos, quienes esperan largas filas y pagan cuotas ilegales.
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