Ana Lorena Delgadillo, Mercedes Doretti y Marcela Turati fueron arropadas este miércoles por familias de víctimas y colectivos mexicanos y centroamericanos, así como por el Comité para la Protección de Periodistas.
La antigua Procuraduría General de la República ordenó
investigar en 2015 y 2016 a tres prestigiosas mujeres que representaban a las
víctimas de varias masacres contra migrantes, o ayudaban a saber la verdad
sobre esos crímenes como si fueran ellas las sospechosas de delincuencia
organizada, denunciaron este miércoles colectivos de derechos humanos
nacionales e internacionales.
Las pesquisas fueron contra Ana Lorena Delgadillo, abogada
de la Fundación para la Justicia, que representa a cientos de familias de
migrantes desaparecidos en México y Centroamérica; Mercedes Doretti,
cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y pieza clave,
entre otras, de la investigación por los 43 estudiantes desaparecidos en México
en 2014; y Marcela Turati, una destacada y premiada periodista mexicana
especializada en temas de desaparecidos en México.
La procuraduría rastreó por más de un año sus llamadas,
mensajes, contactos, información personal y datos de geolocalización como parte
de la investigación sobre las 48 fosas clandestinas halladas con 193 cuerpos de
presuntos migrantes en la localidad de San Fernando, en la frontera noreste de
México, en 2011.
Delgadillo explicó que después de años de pedir la
información sobre las pesquisas de las fosas a la que tenían derecho como
abogados de las víctimas, en mayo pudieron acceder a un tomo del expediente y
descubrieron que estaba dedicado a investigarlas a ellas “citando como marco de
referencia la delincuencia organizada y secuestro” y sin ningún sustento
válido.
“El ataque no es solo a nosotros, es un ataque a la
democracia”, sentenció la abogada, porque se intentó criminalizar al sistema
mexicano de derechos humanos, de representación de víctimas, a los servicios
forenses independientes y a la libertad de expresión.
Las tres fueron arropadas el miércoles por familias de
víctimas y colectivos mexicanos y centroamericanos, el Comité para la
Protección de Periodistas (una ONG con sede en Nueva York), Amnistía
Internacional y hasta representantes de la oficina de la ONU en México.
Parte de estas ONG denunciaron que con esta actuación “se
distorsionó y se engañó al sistema (de procuración de justicia) alejándolo del
fin para el que fue creado: el combate a a impunidad” y se puso a las tres
mujeres en riesgo.
“No sabemos por qué abrieron la investigación en 2015 pero
sí sabemos lo que estábamos haciendo” en ese momento, dijo Doretti a través de
videoconferencia.
Lo que hacían era denunciar irregularidades en algunas de
las mayores masacres ocurridas en México en la historia reciente: la de los 72
migrantes asesinados en San Fernando (Tamaulipas) en 2010, las fosas de esa
misma localidad halladas en 2011, los 49 migrantes despedazados también en el
norte, en Cadereyta (Nuevo León) en 2012, o el caso de los 43 estudiantes de
magisterio de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en el sureño estado
de Guerrero.
Parte de lo que se sabe de esos crímenes, sobre los que
todavía hay más preguntas que respuestas, es que en la mayoría de los casos los
cometieron miembros de la delincuencia organizada con la complicidad o la
inacción de funcionarios y policías.
“La verdad es sanadora y esa verdad es dar a conocer muchas
veces irregularidades”, agregó la perita argentina.
México tiene un serio problema de desapariciones con más de
90 mil personas no localizadas desde 2006, cuando inició la guerra frontal
contra el crimen organizado. Además, tiene decenas de miles de restos sin
identificar.
La investigación contra las defensoras tuvo lugar durante la
administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) cuando, paradójicamente, tanto
la fundación de Delgadillo como el EAAF trabajaban con las autoridades en
algunos casos mencionados.
“Buscábamos que hubiera justicia, que no hubiera impunidad”,
afirmó Delgadillo. Sin embargo, sobre las fosas clandestinas no hay una sola
sentencia y las irregularidades fueron desde la incineración de cuerpos a la
entrega de restos a familias equivocadas.
“Ojalá al crimen organizado y al Estado coludido con el
crimen organizado lo investigaran con esa celeridad”, dijo Delgadillo tras
recordar que tuvo que litigar seis años y llegar a la Corte Suprema solo para
que le dieran copia del expediente de las fosas.
La abogada agregó que ya se ha puesto una denuncia ante la
fiscalía federal para esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), recordó que muchos de los principales
investigadores de la fiscalía federal en 2015 y 2016 están bajo investigación
ahora por obstrucción a la justicia en el caso Ayotzinapa.
Bertila Parada, madre salvadoreña de uno de los migrantes
hallados en las fosas de San Fernando, no ocultaba su indignación. Recordó que
fue el equipo de Doretti el único que acudió a tomarles muestras de ADN y no el
gobierno; que fue Delgadillo la que logró que la reconocieran como víctima, no
el gobierno, y que fue Turati quien llegó a su casa “a difundir la verdad” .
“Si nos quitaran nuestras defensoras, ¿quién nos va a
defender?”, se preguntó.
No hay comentarios :
Publicar un comentario