Detallan que esta medida ayudará a detectar cuando alguna empresa esté vendiendo combustibles ilegales
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) contempla,
para 2022, penas de seis a 12 años de prisión para empresarios que vendan
combustibles de procedencia ilícita.
De igual manera, el organismo también pretende incluir
sentencias que vayan de tres a ocho años de prisión para todo aquel que no
cuente con controles volumétricos para medir entradas y salidas de
combustibles.
Alejandro Montufar, director de Petrointeligence, aseguró
que esta medida ayudará a detectar cuando alguna empresa esté vendiendo
producto ilegal.
No obstante, empresarios adscritos a la cadena de
distribución de hidrocarburos y petrolíferos consideraron excesiva esta medida.
Los especialistas coinciden en que los costos de inversión
para el cumplimiento de esta nueva disposición serán traspasados a los
consumidores finales, lo que afectaría a todo el sector.
En México hay 171 permisos para terminales de almacenamiento
de combustibles automotrices, 34 para almacenar gas LP, 4 MIL 104 para expendio
de gas y mil 208 para distribuir gas LP, de acuerdo con la Comisión Reguladora
de Energía.
El gobierno federal ha gastado 47 mil 740 millones de pesos
en lo que va del año para contener el incremento en el precio de las gasolinas
y el diésel, informó el SAT.
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