El desabasto de medicamentos es cada vez más grave en los institutos del sector público y será la constante en todo 2021
En uno de los peores momentos de la pandemia por el
Covid-19, al presidente Andrés Manuel López Obrador se le viene una
nueva problemática de salud totalmente atribuible, esta vez sin justificación
alguna, a las malas decisiones de su gobierno.
El desabasto de medicamentos es cada vez más grave en los
institutos del sector público y, según el estatus de las compras que debe
realizar el gobierno, será la constante en todo el ejercicio de 2021 y muy
probablemente hasta bien entrado el 2022.
Los responsables directos de este desabasto serán, una vez más, Jorge
Alcocer y Hugo López Gatell, como cabezas de la política de salud;
pero también tendrán responsabilidad en este desastre la actual jefa del
SAT, Raquel Buenrostro, y el nuevo funcionario de la 4T cuya familia está
vinculada a presuntos actos de corrupción: Juan Antonio Ferrer, director
del Insabi, quienes buscando abatir el monto de 14 mil millones de dólares que
compraban las administraciones pasadas en insumos médicos, se dieron a la tarea
de destruir las cadenas de producción y distribución de fármacos.
Este domingo se cumplieron seis meses desde que el gobierno
federal, a través del Insabi, firmó un acuerdo con la UNOPS y la Organización
Panamericana de la Salud, para que el organismo de las Naciones Unidas se
encargara de realizar las compras consolidadas de medicamentos, con el objetivo
de acceder a mejores precios de mayoreo en el mercado internacional y sobre
todo con la supuesta idea de acabar con lo que el gobierno de AMLO calificó
como un sistema de corrupción en el que dominaban los intermediarios y los
grandes márgenes de ganancias para los laboratorios y distribuidores
nacionales.
La labor de UNOPS, cuya operación lleva en la región Giuseppe
Mancinelli, ha sido totalmente acorde con su inexperiencia en la materia, pues
no ha sido siquiera capaz de estructurar una sólida convocatoria para la gran
compra, y mucho menos ha sabido definir con precisión las partidas de
medicamentos que debe solicitar para dar atención a los millones de mexicanos
derechohabientes de alguno de los institutos públicos de salud.
Después de múltiples retrasos que comprometieron el abasto
de medicamentos para éste y el siguiente año, se tiene programada finalmente la
recepción de ofertas para el 5 de febrero y, en el mejor de los casos, una
primera entrega de fármacos en mayo. No obstante, según fuentes cercanas al
proceso, ese primer lote alcanzará a cubrir apenas una décima parte de la
demanda total.
En organismos como el IMSS, de Zoé Robledo, y el
ISSSTE, de Luis Antonio Ramírez, aseguran que apenas cuentan con 25% de
sus contratos de compra asegurados y que el desabasto de fármacos para sus
derechohabientes es inevitable.
Ambos institutos buscaron garantizar el abasto hasta marzo
aprovechando el permiso otorgado por la Secretaría de Hacienda para extender
durante tres meses los acuerdos con sus proveedores de 2020, además de que
lograron concretar a finales del año pasado la compra de medicamentos de
patente, en la cual por cierto también hubo serios problemas con la UNOPS, que
pretendía colocar como fármacos genéricos algunas claves que en México tienen
aún protección de propiedad intelectual, a pesar de que en otros países son ya
de libre competencia.
Ese desconocimiento que la UNOPS tiene del mercado mexicano
es lo que más preocupa a la industria nacional, agrupada en organismos como
Canifarma que dirige Rafael Gual, AMIIF de Irma Egoavil, Anafam de Cecilia
Bravo y Amelaf de Arturo Morales.
Se teme que los precios de los fabricantes chinos o indios,
quienes gozan de amplios incentivos de sus gobiernos, atraigan al comprador
internacional hacia productos cuya calidad es tan dudosa como la capacidad que
tiene la actual Cofepris de José Novelo para revisar su eficacia.
También inquieta que se asuma que el proceso de traslado
seguro de los fármacos está prácticamente garantizado con la operación de
Birmex, la distribuidora que lleva ahora Pedro Zenteno y que, apenas
en el proceso de reestructura para asumir sus nuevas funciones, ha demostrado
serios problemas de operación.
La última carta que se jugarán esta semana las farmacéuticas
nacionales para evitar lo que se vislumbra ya como una tragedia, es apelar a que,
en la 4T, ya sea por la crisis de salud o social que va a generarles el
desabasto, entren en razón y modifiquen los procesos de estas mega
licitaciones.
Certifican en EU a granjas mexicanas
La empresa mexicana GCM acaba de recibir el certificado
NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (ISO14001:2015) por parte de la estadounidense American
Trust Register. Dicha certificación reconoce los procesos de cuidado ambiental
con estándares internacionales. La firma que encabeza Víctor Ochoa
Calderón tiene una planta procesadora de carne de cerdo en Puebla,
considerada la más sustentable de México y América Latina, y da trabajo a más
de mil colaboradores.
La planta tiene una capacidad instalada para procesar 600
cerdos por hora. Con dicha producción se atiende al mercado nacional y al de
exportación, principalmente países como Estados Unidos, Canadá y Japón.
La certificación también es para las plantas de tratamiento
de aguas residuales, la de agua potable, el mantenimiento del conjunto de
instalaciones de producción y servicios, entre otras áreas.
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