Acaba de cumplir un año de su entrada en vigor y el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) ya está en el banquillo de los acusados, para enfrentar una polémica respecto a su funcionamiento. Al menos eso es lo que se puede observar en la propuesta de los gobernadores, quienes el próximo lunes solicitarán al Congreso cambios legales para una eventual reforma al nuevo SJPA, ya que en su análisis observan la posibilidad de que miles de reos pudieran estar en el supuesto de salir de la cárcel si solicitan enfrentar su proceso en libertad y un juez les concede ese beneficio, luego de que el MP no logre probar que son peligrosos.
Hasta donde sabemos, bajo el nuevo modelo de justicia, que entró en vigor el primer minuto del 18 de junio de 2016, los procesos pueden iniciar a partir de dos formas: 1) la presentación de la denuncia o querella y 2) con la detención del imputado en flagrancia, en este caso cuando se está cometiendo el delito. Bajo esos supuestos, son muy pocos delincuentes los que llegan al Ministerio Público, o están en reclusión, por delitos cometidos en flagrancia, lo que coloquialmente se conoce como: “fueron agarrados con las manos en la masa”.
Tal vez el temor de los gobernantes es que los ahora procesados alcancen el beneficio de nuevas figuras en el derecho penal, como el debido proceso o la presunción de inocencia, ya que se dan casos en que muchos de los reos purgan condenas a partir de faltas cometidas y no consideradas graves, como la portación de armas de fuego. En otras palabras, no fueron detenidos en flagrancia, aunque tampoco eso los hace inocentes.
Al inicio de su implementación, el nuevo modelo fue calificado por la Presidencia de la República como el cambio más importante en México en materia de justicia durante los últimos 100 años, porque tiene como objetivo proteger los derechos de las víctimas, así como privilegiar la presunción de inocencia. Y con su promulgación, todas las audiencias y el propio juicio serán orales y públicos, a la vista de todas las personas interesadas, lo que garantiza los derechos de las víctimas y de las personas imputadas de algún delito.
Luego de un año de operación, todo indica que a los 100 años que esperó para ser cambiado o transformado el viejo sistema de justicia penal, habrá que agregarle uno más y esperar a que el Poder Legislativo haga una revisión exhaustiva a las reformas constitucionales que dieron paso al SJPA, en tanto que a los ciudadanos en general sólo nos resta rezar para que los delincuentes no sigan haciendo de las suyas con total impunidad.
Así, mientras llega el momento de una revisión y posibles reformas al SJPA, las estadísticas, según datos del INEGI, dicen que al año más de dos y medio millones de personas son víctimas de algún delito, y apenas medio millón de ellas llegan al Ministerio Público a levantar la correspondiente denuncia, en gran parte porque quien acusa lo hace prácticamente sin mayores elementos probatorios que “su palabra”, de ahí el temor de los gobernantes, ya que muchos delincuentes en reclusión pudieran encontrar algún vericueto legal para encontrar su libertad, al menos mientras continúan sus procesos o porque simplemente no “son peligrosos”.
En fin, son los claroscuros de un sistema de justicia que aun sin evaluar su primer año de resultados, poco a poco suma voces que piden su revisión y posible transformación, y con justa razón, porque las leyes deben ser expeditas.
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