La designación en el PRI es la decisión más difícil que ha tomado Peña Nieto para tratar de asegurar la sucesión entre su grupo cercano y que definirá la suerte de los priistas en 2018.
La pugna por el control de la selección de candidatos tiene, como en 1994 y 2000, consecuencias imprevisibles para la continuidad del PRI en el poder y la estabilidad.
Opta por el cambio generacional con Enrique Ochoa, que deja la CFE tras un alza tarifas eléctricas casi como testimonio de la mala marcha de las reformas. Y toma distancia de la nomenclatura priista en la vieja disputa entre tecnócratas y políticos al interior de la coalición gobernante.
El control de la violencia está en la médula de la política. El consenso político es vital para la estabilidad, pero no la suprime. Abundan casos en que consensos artificiales generan mayor inconformidad, como la que dejará la sucesión en la vieja guardia priista. Ven al enviado del presidente como advenedizo y una imposición de la tecnocracia tras 87 años de liderazgos políticos.
La institucionalidad priista ha sido factor de estabilidad, pero también del ejercicio de la violencia de las personas encargadas de controlarla. El riesgo, que el dedazo agudice la soterrada confrontación interna.
Como en tiempos del presidencialismo corporativo-clientelar fuerte, los sectores recurren a la vieja “cargada” para la asunción del “hombre” del Ejecutivo, a pesar de que Ochoa encarna la promesa de modernización incumplida a la que atribuyen el retroceso en las urnas.
Los líderes obreros, campesinos y populares expresan su apoyo como candidato de unidad, cuando hace unas semanas aplaudían las críticas y las expresiones de malestar de Manlio Fabio Beltrones hacia el grupo gobernante al presentar su renuncia.
La apuesta es tan audaz como riesgosa para Peña Nieto,
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