GUILLERMO KNOCHENHAUER
Presidentes de otros países han pedido perdón, como el de Alemania a Grecia (2014) por las atrocidades del nazismo y Mariano Rajoy, del gobierno español (2014), que ante los escándalos de corrupción, lo hizo en nombre del Partido Popular al que pertenece.
Pedían perdón por errores que cometieron otros. De haberlo hecho por errores propios, habrían quedado obligados a reparar el daño causado.
José López Portillo pidió perdón a los pobres en dos ocasiones. La primera vez fue en su toma de posesión (1976) y por lo tanto, al que responsabilizó fue al sistema que desde luego, prometió enderezar. La segunda vez fue en su último informe de gobierno, cuando ya no podía hacer nada, por haberle fallado a los pobres.
Si en vez de pedir perdón, López Portillo hubiera promovido cambios en las diversas condiciones de desigualdad que generan pobreza, no habría entregado un país con más pobres de los que recibió; con toda probabilidad, tampoco habría derrochado el financiamiento externo que su gobierno recibió por la riqueza petrolera recién descubierta (y hoy agotada sin que la abundancia hubiera mejorado al país).
Enrique Peña Nieto pidió perdón el lunes, a título personal. Lo hizo por el escándalo de la casa que compró su esposa a la empresa constructora favorecida por su gobierno desde que era gobernador del Estado de México y como Presidente de la República.
Aclaró Peña Nieto que no pedía perdón por haber faltado a la ley (este es un dato importante), sino como responsable de “la percepción que generamos con lo que hacemos” los servidores públicos.
Lo que está mal, según el Presidente, fue la actitud ante la irritación social que causó la revelación que hizo Carmen Aristegui de esa compra, pero no hay responsabilidad legal alguna ni cuentas que rendirle a nadie por ello. En todo caso, lo que está mal es la ley.
Los expertos han recibido las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción que puso Peña Nieto en marcha el lunes como una reforma de muy amplio calado; algunos consideran al conjunto como la mayor modificación que haya tenido la administración pública en décadas.
Los más optimistas esperan que el sistema sea capaz de ir bloqueando las causas que generan la corrupción, que a su vez está en el origen de la violencia y la inequidad.
Otros expertos están menos entusiasmados porque los cambios que requiere el efectivo combate a la corrupción son nada menos que la reforma profunda del Estado.
La corrupción, en efecto, la propicia un régimen de gobierno con poderes muy concentrados y un servicio civil que por no ser de carrera, es de oportunismo atraído por un sentido patrimonialista del poder.
La sociedad por su parte, no tiene facultades institucionales para exigir que las autoridades le rindan cuentas. Lo bueno es que ya no es la sociedad pasiva que dice “ni modo”; fue la ciudadanía la que le puso el sello de corrupción al gobierno actual y es a ese estigma al que está respondiendo Peña Nieto con el Sistema Nacional Anticorrupción.
México es un país demasiado importante en la economía global como para que se pierda en la degradación política, jurídica y ética. Además de la fuerza creciente de la sociedad mexicana, otros poderes con intereses en nuestro país también exigen responsabilidad administrativa del gobierno federal y de tantos gobernadores y caciques municipales que más parecen delincuentes.
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