Por José Buendía Hegewisch
Moreira negaba que hubiera denuncia alguna en Texas por introducir dinero de las arcas de Coahuila, a pesar de que Rolando González Treviño reconociera su culpabilidad.
La detención de Humberto Moreira tendría que causar profunda frustración a la justicia mexicana, que también recibió denuncias por corrupción y delitos fiscales sin dar lugar a investigación que llevara a sanción alguna. El proceso iniciado en España contra el exgobernador de Coahuila, a solicitud del gobierno de EU pone en entredicho la eficacia de nuestra fiscalía y abona en las posiciones que defienden la presión o intervención de organismos internacionales contra la impunidad del crimen.
La globalización de la justicia preocupa a los gobiernos locales, para quienes cada vez es más difícil resistirse si se pone en duda su capacidad para rendir cuentas, como se le ha reclamado a Peña Nieto. El exlíder del PRI ingresó el fin de semana a una prisión española acusado de lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Su presunta participación en delitos de corrupción lo podría hacer acreedor a una sanción de seis años de prisión.
La Audiencia Nacional española abrió el caso por una investigación que se le sigue en Texas tras detectarse transferencias millonarias desde EU. La revelación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía española es una sorpresa para México. Las acusaciones son las mismas que el exsecretario de HaciendaErnesto Cordero hiciera en su contra como lavado de dinero, cohecho y organización criminal. La diferencia es que la llegada de su partido en 2012 desactivó la investigación y el caso se archivó. Quizá por eso la burla de la policía española en el tuit de su detención con el hashtag “misión cumplida”.
Las denuncias por el extraordinario endeudamiento que dejó en Coahuila y la contratación de créditos con documentos falsos, se desestimó como parte de una campaña de linchamiento político. Aunque Moreira tuvo que renunciar al PRI, paradójicamente sin contundencia legal para dar lugar a una investigación de la PGR. En julio pasado
Moreira negaba que hubiera denuncia alguna en Texas por introducir dinero de las arcas de Coahuila, a pesar de que el empresario Rolando González Treviñoreconociera su culpabilidad en el delito de conspiración para transportar dinero robado. El círculo de corrupción e impunidad ha abierto la puerta a comisiones y fiscalías internacionales en caso de impotencia de la justicia nacional para sancionar delitos de derechos humanos, como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que acusó a Otto Pérez Molina de participar en el grupo criminal dedicado a la defraudación fiscal.
La impartición de justicia por outsoursing es una idea que ronda entre los empresarios mexicanos y organizaciones civiles de derechos humanos desde la crisis por desapariciones forzadas que abrió Ayotzinapa. Estas comisiones han servido para perseguir la corrupción en estados con problemas de descomposición de la justicia y delitos fiscales. Casos como el de Moreira revelan que cada vez más la impunidad rebasa fronteras y que son una señal de que la atención de otros países y de organismos internacionales está puesta en la situación de la justicia dentro de nuestras fronteras.
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