A unos días de que los diputados locales dejen su cargo, el Ejecutivo estatal doctor Eruviel Ávila Villegas propuso que todos los servidores públicos encargados de la residencia y supervisión de obras públicas, de la revisión de precios unitarios, alzados y mixtos, y quienes desempeñen empleos, cargos o comisiones relacionados con funciones o actividades de visitas, inspecciones, verificaciones o equivalentes, se sometan a exámenes de control de confianza.
La evaluación tendría que hacerse ante la Unidad Estatal de Certificación de Confianza de la Secretaría de la Contraloría y el documento de certificación contaría con una vigencia de dos años, con la obligación de renovarlo antes de vencer. Además, el secretario de la Contraloría publicaría la relación de los sujetos obligados a someterse a esas evaluaciones.
De acuerdo con la iniciativa, los servidores públicos obligados deberían presentar la certificación de confianza tanto por ingreso, como por reingreso, promoción y por permanencia, cada dos años. El incumplimiento de esa obligación sería causa de responsabilidad administrativa.
Según la iniciativa, de aprobarse las reformas al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, esos servidores además de contar con su título profesional y cédula legalmente expedidos, deberán acreditar el procedimiento de evaluación de confianza.
El 17 de septiembre del 2012 se publicó en Gaceta del Gobierno un acuerdo para crear la Unidad Estatal de Certificación de Confianza, como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría, con autonomía técnica para aplicar procedimientos de evaluación de confianza y expedir certificaciones.
En ese acuerdo se establece que los servidores públicos de las dependencias y organismos auxiliares tienen la obligación de presentar las evaluaciones de confianza cuando desempeñen empleos, cargos o comisiones relacionados con las funciones o actividades de visitas, inspecciones, verificaciones o equivalente, a personas físicas o jurídicas colectivas.
En la exposición de motivos se señala la necesidad de garantizar que los servidores públicos encargados de la supervisión de obras públicas y la revisión de precios unitarios, alzados y mixtos, ejerzan sus funciones con apego a los principios que rigen el servicio público, a fin de ofrecer la seguridad de que los recursos públicos son ejercidos con legalidad y transparencia, y con las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.
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