Estado de México.- Alrededor de 20 servidores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), son investigados por presuntos actos de tortura en el caso Tlatlaya, reconoció su titular Alejandro Gómez Sánchez, quien también negó que alguno haya sido separado de su cargo.
"Son agentes del MP, peritos en diversas disciplinas y agentes de la policía ministerial que no han sido removidos sobre la base de principio de presunción de inocencia", manifestó.
Con relación a la reclasificación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de la recomendación emitida por el caso, aseveró que dicha comisión "ha actuado plenamente en el ejercicio de sus facultades, pues tiene atribuciones para realizar investigaciones graves a los derechos humanos".
Si al principio no lo hizo, comentó el procurador mexiquense, no quiere decir que no esté ejercitando sus facultades.
Como se recordará, la nueva recomendación emitida por la CNDH se da tras acreditarse hechos violentos, como privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura, tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y el acceso a la justicia.
En conferencia de prensa, el titular de la PGJEM recordó "nosotros ya no tenemos a nuestro cargo la investigación sobre la presunta ejecución, digo presunta, porque falta que así lo declare una autoridad judicial en sentencia firme".
Precisó que ya se ha avanzado en el cumplimiento de la -1ª- recomendación, pues ya se llevó a cabo el curso que tiene que ver con servicios periciales y la parte de elementos ministeriales a través del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Estamos por notificar formalmente a la CNDH sobre la impartición, pues tienen que ver con dos puntos recomendatarios y debemos conocer si con ellos son suficientes, aseguró.
También estamos por recibir el curso de las comisiones de derechos humanos nacional y estatal, que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y el sistema interamericano.
Acerca de la indemnización de las víctimas, precisó que ya se emitieron los oficios por los cuales inscribe a las tres personas en el Registro Nacional de Victimas y se avanza en la parte económica.
En el caso que se determine la imputación de servidores públicos, se hará el cálculo definitivo final, que se deberá determinar sobre los estándares internacionales y los lineamientos que se trabajan de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Sobre la alteración de la escena del crimen, el secretario de Gobierno, José Manzur, recordó que los servidores de la PGJEM arribaron al lugar aproximadamente seis horas después de los hechos.
"Se tiene entendido que ocurrieron a las 06:00 horas, cuando nos enteramos, el procurador mandó personal y llegaron alrededor de las 12:00 horas", concluyó.
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