Debe darse facilidades para que se regularicen porque son una importante alternativa para atender la gran demanda de servicios escolares Ecatepec, México.- El Gobierno del estado de México no debe criminalizar a quien provea servicios educativos, primero se debe dar un espacio de tiempo para que las escuelas que no tienen la autorización del gobierno para impartir la educación puedan regularizarse, ya que en Ecatepec y en todo el estado de México, existen cientos de escuelas que no tienen certificación, y otras más les prestan las claves o la matricula.
“A través de ese medio (préstamo de claves), es como las escuelas irregulares se mantienen, y el problema es la tramitología, es burocrática y en algunos casos llevan muchos años tratando de regularizar sus escuelas, causaría un grave problema esta medida ya que ante la falta de escuelas públicas cerraran muchas más, por no estar certificadas”, comentó el Presidente del Frente de Colonias del Estado de México, Isaac Hernández Méndez.
Abundó que “con esto no quiero decir que estoy de acuerdo que trabajen en la clandestinidad o que otras escuelas les presten las claves, lo que quiero expresar es que se debe hacer un estudio y censo de escuelas que no cuenten con la debida certificación, y segundo, que les den un tiempo determinado para regularizarse, en el aspecto de los trámites deben ser flexibles y agiles, y quienes no cumplan que se les sancione”, señaló el ex regidor.
Un claro ejemplo son los DIF de los municipios, en algunos casos imparten educación preescolar, a través del Centro de Desarrollo Infantil, y que no cuentan con claves o autorización por el Gobierno del estado de México, y tendrían que sancionarlos y multarlos.
Además que en los jardines de niños públicos normalmente tienen gran demanda y esto provoca saturación y como consecuencia lógica los espacios que se ofrecen rebasan la demanda de inscripción, lo que deberían construir más escuelas y facilitar los trámites a quien quiera poner una escuela, obviamente apegados a la normatividad.
Recordemos que el pasado 17 de julio la Gaceta del Gobierno del Estado de México publicó el decreto número 110 relativo al nuevo delito de “impartición ilícita de la educación” contenido en los artículos 148 y 176 del Código Penal mexiquense.
Ahí se establece quien no tenga autorización del gobierno estatal para impartir educación será sujeto a una pena de 5 a 10 años de cárcel y una multa de mil a mil 500 días de salario mínimo, castigo que se agrava si quien lo comete trabaja además en el sector educativo oficial.
Resulta que con esta disposición donde se modifican los artículos 148 y 176 del código penal del estado de México, resulta incongruente que un secuestro es menor pernicioso que dar clases sin permiso y tan grave como matar.
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