Educar en el estado de México sin permisos es un delito grave

Cárcel a quien especule con la educación en la entidad, sentencian modificaciones al Código Penal

Contundente determinación del gobierno estatal al criminalizar a quien promueva servicios educativos sin cumplir con la normatividad para hacerlo

Edomex, México.- El pasado 17 de julio la Gaceta del Gobierno del Estado de México publicó el decreto número 110 relativo al nuevo delito de “impartición ilícita de la educación” contenido en los artículos 148 y 176 del Código Penal mexiquense. Ahí se establece quien no tenga autorización del gobierno estatal para impartir educación será sujeto a una pena de 5 a 10 años de cárcel y una multa de mil a mil 500 días de salario mínimo, castigo que se agrava si quien lo comete trabaja además en el sector educativo oficial.

Esta disposición que fue analizada y debatida en la Legislatura Estatal antes de ser aprobada se ha convertido en una pesadilla para los propietarios de miles de planteles que actualmente operan en toda la entidad y que carecen de documentos que avalen la formación académica de su personal directivo y docente, esta situación se agudiza sobre todo en el área de instrucción educativa a nivel de preescolar y jardines de niños.

Esto, como consecuencia de que históricamente a ese nivel de educación no se necesitaba contar con un registro oficial, tanto que el propio Sistema DIF promovió su creación como una alternativa de atender a los menores de las zonas, de niveles económicos medios y bajos.

Además que en los jardines de niños públicos normalmente tienen gran demanda y esto provoca saturación y como consecuencia lógica los espacios que se ofrecen rebasan con creces a la demanda de inscripción.

Ante esta disposición donde se modifican los artículos 148 y 176 del código penal del estado de México, resulta incongruente que un secuestro es menor pernicioso que dar clases sin permiso y tan grave como matar. La privación ilegal de la libertad tiene como pena máxima cuatro años y multa de 30 a 100 días de salario mínimo. Un homicidio simple se castiga con 10 años de prisión y una multa de 250 a 375 días de salario.

Por eso Silvia Ortega tiene cuidado de no llamarse maestra o designar el centro del que es encargada como escuela y de generar todos los eufemismos necesarios para no violar la ley ni siquiera de palabra.

Desde hace 15 años América Sánchez ha intentado cumplir con los planes de estudio preescolar. Se dice orgullosa de otorgar beca completa a 20 por ciento de los niños que asisten a su centro comunitario en Valle de Chalco. Son los niños más pobres.

Al fondo un maestro de música enseña a leer el pentagrama; al lado, en otra aula, los niños repasan el vocabulario en inglés. Es una atmósfera escolar envuelta en vapores de comida en cocción. América lamenta no poder incorporar su escuela al sistema oficial por los altos costos que esto implica. Y sólo cobra 400 pesos mensuales por niño.

Al contrastar los datos de la Secretaría de Educación mexiquense con los del Consejo Nacional de Población se dimensiona el volumen del problema: 342 mil niños no tuvieron lugar en instituciones públicas de instrucción preescolar.

“El garrafal error de la entrada en vigor de ese bodrio de ley ni siquiera daría cabida en todos los centros de reclusión para encarcelar tanto a docentes delincuentes como a padres cómplices de 342 mil niños”, sostiene el abogado de la organización internacional más grande del mundo a favor de la infancia Save the Children, Andrés González Contró luego de citar los preceptos que considera violados de otras leyes federales y tratados internacionales.