Afirmó lo anterior el diputado Silvano Blanco Deaquino (PRD) en una iniciativa que analizarán las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Vivienda, de la Cámara de Diputados.
Esa cifra reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a diciembre de 2012, anotó, supera el número de trabajadores permanentes inscritos en el IMSS, 16.1 millones de afiliados a noviembre de 2012 y, 2.7 millones en el ISSSTE.
Además, 6 de cada 10 trabajadores son vendedores ambulantes; trabajadores domésticos, de empresas, instituciones y gobiernos sin estar dados de alta en seguridad social o sin contrato escrito; campesinos, jornaleros y quienes se ocupan en negocios familiares.
No se puede hablar de justicia laboral, subrayó, si estos trabajadores son perseguidos como infractores de la ley, además "es imposible que las instituciones de seguridad social busquen cualquier viabilidad financiera hacia el futuro si dejan fuera la actividad informal", agregó.
Consideró que no debe combatirse la informalidad por medios represivos, sino utilizarla como base para un despegue económico basado en el poder de iniciativa de las masas, complementado con seguridad social, enfatizó.
Planteó la necesidad de reducir la reglamentación burocrática para abrir un negocio en pocas horas; disminuir impuestos y basar el sistema tributario en la expansión de la base productiva.
"La cantidad alarmante" de personas en la informalidad demuestra los rezagos del crecimiento económico y la injusta distribución de riqueza entre grupos sociales, regiones, etnias, edades y géneros, subrayó.
Y es que a los casi 30 millones de trabajadores informales, se suman 2.7 millones de personas en desempleo abierto y más de seis millones de "personas disponibles".
Por ello consideró necesario su incorporación en tanto se realizan los cambios sociales, económicos y fiscales profundos para anexarlos gradualmente la economía formal.
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