Advierten que jueces piden montos elevados a presos para la reparación del daño
El Observatorio de la Ley de Amnistía del Estado de México
detectó fallas en los trámites para que personas injustamente presas obtengan
su libertad.
En el primer informe de este Observatorio, sobre la
operatividad de dicha norma, se advierte que existen obstáculos para la
liberación de personas. Uno de ellos es que la citada ley exige pagar la
reparación del daño para alcanzar la amnistía, pero se ha detectado que los
jueces determinan montos desproporcionados por el delito cometido.
"Lo cual genera un obstáculo mayor e indebido, puesto
que muchas de las personas que se encuentran privadas de su libertad fueron
criminalizadas precisamente por su situación social y familiar de
vulnerabilidad", indica el referido documento de seguimiento.
En el citado Observatorio participan organizaciones como
Justicia Transicional México, CEA Justicia Social, Haz Valer Mi Libertad, En
Vero y CIVICUS Global Alliance.
El informe solicita una mayor transparencia sobre los
procesos de amnistía.
También se alertó que falta información por parte del Poder
Judicial mexiquense sobre las personas supuestamente amnistiadas.
En el informe se advierte sobre argumentos recurrentes por
parte de la autoridad judicial, los cuales obstaculizan e impiden la salida de
más personas.
Entre ellos, algunos de carácter administrativo, como el
hecho de que no les reciben documentos como el acta de nacimiento porque no se
encuentra en el formato solicitado.
En el caso de solicitudes que han sido acompañadas por
organizaciones defensoras de derechos humanos, la autoridad las ha rechazado
porque no acudieron a protestar el cargo, aun cuando los lineamientos señalan
que sólo se solicita la protesta a defensores públicos.
Según el informe, el motivo más recurrente para desechar
solicitudes es la negativa de los jueces para constancias de primodelincuentes,
a pesar de que tienen la facultad para hacerlo.
Además, el Observatorio señaló que pese a que la ley
establece que la persona puede solicitar la amnistía en cualquier momento del
proceso penal, a los solicitantes se les ha notificado y desechado solicitudes
por tener pendientes resoluciones de amparo o apelaciones.
Opacidad
Las organizaciones que integran dicho Observatorio advierten
que hay opacidad en la operatividad de la Ley de Amnistía, pues el Poder
Judicial ha emitido tres comunicados donde menciona que ha recibido 712
solicitudes desde febrero de este año y hasta ahora sólo 50 han sido
procedentes.
Las organizaciones advirtieron que no existe transparencia
sobre cómo se lleva el proceso de evaluación de las peticiones, ni de quiénes
son los beneficiarios, ni hay información desagregada por sexo, edad, categoría
social y delito.
Ante la falta de rendición de cuentas, el Observatorio
concluye que no se puede pronunciar sobre un buen o mal funcionamiento de la
Ley de Amnistía y advierte su preocupación por indicios que apuntan a
deficiencias estructurales severas, así como a prácticas que podrían constituir
limitantes severos y actos que vulnerarían el espíritu de la norma.
Incluso señala que solicitudes de acceso a información de
colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos, dirigidas al Poder
Judicial, han quedado sin respuesta sustancial, pues hasta la mañana del 14 de
mayo, en el micrositio gubernamental habilitado para la Ley de Amnistía, no se
había publicado ninguna información, aunque horas más tarde apareció alguna de
carácter muy básico.
El informe también señala que no se conoce el seguimiento
que se les da a las personas que acceden a la amnistía, para que accedan a
programas de reinserción integrales.
