Mario
Alberto Cervantes Palomino
Seguiremos cercanos a la ciudadanía, construyendo las bases
para una mejor sociedad.
Mario
Alberto Cervantes Palomino
Seguiremos cercanos a la ciudadanía, construyendo las bases
para una mejor sociedad.
¿Se puede deducir el internet o Netflix? Estas son las deducciones personales que el SAT reconoce, varias de ellas son gastos del hogar y de familiares.
Algunos gastos familiares sí pueden incluirse en las
deducciones al pagar impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), tales como recibos de luz, agua, internet y los gastos que haga tu
pareja a tu nombre, sin embargo, hay varias especificaciones en cada caso.
¿Qué tipo de gastos se pueden deducir?
Debido a la pandemia del COVID-19, algunos trabajdores
tuvieron la opción de seguir trabajando desde casa, por lo que algunos gastos
como el internet pueden ser deducibles de impuestos ante el SAT.
¿Cuál es el monto deducible de colegiaturas?
El SAT permite deducir las colegiaturas desde el nivel
preescolar hasta el bachilerato, además del transporte escolar si es
obligatorio como parte del reglamento de la institución educativa o que el
gasto esté contemplado en la misma colegiatura.
¿Se puede deducir el internet, la luz y el pago de mi casa?
Si trabajas desde tu hogar, sí puedes deducir el internet y
otros servicios como luz, teléfono, internet y algunos gastos de comida,
siempre y cuando se cuenten con las facturas correspondientes.
Y para que el patrón pueda deducir los pagos de luz e
internet del trabajador, se deben de incluir en un Comprobante Fiscal Digital
por Internet (CFDI), mejor conocido como factura electrónica.
En estos casos se deben ingresar los pagos efectuados al
trabajador por concepto de servicios de luz e internet en el atributo
c_TotalOtroPago bajo la clave 999, que corresponde a “Pagos distintos a los
listados y que no deben considerarse como ingreso por sueldos, salarios o
ingresos asimilados”, detalla el SAT.
Otra buena noticia es que si estás pagando el crédito
hipotecario de tu casa, también se pueden deducir los intereses que se pagan
por este bien, no importando si se obtuvo en un banco, Infonavit o con
Fovissste.
El gran empresariado dijo mantener detenidos al menos un 70% de sus proyectos de inversión por la incertidumbre política, según la encuesta Enade, mientras economistas advierten de un impacto en el empleo.
“Gran parte de los empresarios están postergando
inversiones”, dijo hace unos días el presidente de la Sofofa, Richard von
Appen. Hoy, dichas palabras fueron ratificadas por la encuesta Enade en la
que el 71,1% de los empresarios dijo tener paralizadas sus
inversiones.
Un panorama que se ha agudizado, según los expertos, no solo
por la pandemia sino también por el proceso constituyente, las próximas
elecciones y las pocas definiciones de los presidenciables en esta materia.
Juan Sutil, presidente de Confederación de la Producción y
del Comercio, advirtió que el panorama es preocupante para la economía,
principalmente para el mundo laboral.
En esa línea, Richard von Appen, presidente de la Sofofa,
asegura que de no mejorar las cosas, el impacto se hará sentir en los empleos.
Y es precisamente eso lo que más preocupa al Gobierno.
El ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, dice que
si bien no habrá un impacto inmediato, espera que haya más estabilidad en el
país.
Roberto Darrigrandi, economista de la Universidad Adolfo
Ibáñez, asegura que en momentos como este se propicia una eventual fuga de
inversiones.
De momento los rubros que se verían más afectados ante esta
baja de inversión serían el minero, el inmobiliario y el industrial. Un debate
que será clave para los presidenciables a un mes de los comicios.
“Lamento que el presidente de la Corte haya dicho que esto no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o defraudadores”, reprochó el mandatario en su conferencia matutina.
“Lamento que el presidente de la Corte haya dicho que esto
no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no
van a la cárcel los factureros o defraudadores”, manifestó en su conferencia
matutina.
Y agregó: “Además, el 99% de los delitos fiscales tiene que
ver con la gente de arriba, de los juicios; entonces ya basta de que solo se
proteja a los que tienen mejor posición económica”.
“Acaban de resolver en la Suprema Corte de Justicia que no
se considere delito grave la defraudación fiscal, la elaboración de facturas
falsas. Todo esto que se implementó, que se impuso, desde luego con la
complicidad de funcionarios, con el contubernio de autoridades de las llamadas
factureras”, acusó López Obrador.
En ese mismo sentido, lamentó la postura de Arturo
Zaldívar quien el pasado 26 de octubre comentó que “la mayoría de las
personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos”, por lo
que la sentencia de prisión preventiva solo castiga a la pobreza.
López Obrador criticó que los jueces protejan a ricos y
corruptos.
"Si queremos combatir la corrupción, ahí están los del
Poder Judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba, eso se tiene que ir
cambiando poco a poco".
Además, los investigadores tomaron como ejemplo un caso del Conacyt en el que incluso retiraron el grado de investigador nacional
Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a
través de una carta digital, urgieron a la Junta de Honor atender sus reclamos
en contra del fiscal General, Alejandro Gertz Manero, por supuestas faltas
éticas.
De acuerdo con el escrito firmado por más de setenta
investigadores hasta el momento, Gertz Manero habría presentado documentos
probatorios de su trabajo que caen en la categoría de plagio.
Señalaron, en este sentido, que dicha práctica es una
conducta que cae en contra de la ética y del “sistema mismo del conocimiento y
su transmisión”, además de “violar los derechos morales y patrimoniales”.
“El Dr. Alejandro Gertz Manero, miembro del SNI nivel
III, mostró como documentos probatorios de su trabajo académico al menos
dos libros con abundantes plagios, entendidos estos como la acción de presentar
un texto ajeno como propio, sin ningún tipo de signo o de aviso que remita a la
obra del autor original. Es una conducta que avería la ética consustancial al
trabajo académico pues, además de quebrantar el sistema mismo del conocimiento
y su transmisión, viola los derechos morales y patrimoniales del verdadero
autor y, al erradicar su mérito, lo hace sujeto de discriminación, lo mismo que
al lector al que desea engañar”, señalaron.
Por lo anterior, los investigadores hicieron referencia a la
fracción VI del Artículo XVI (“Obligaciones y sanciones”) del Reglamento del
SNI, mismo que dicta que en caso de encontrarse “alteración de datos
oficiales o falta dolosa”, el expediente será remitido a la Junta para
acreditar responsabilidad.
“El reconocimiento que se otorga a los miembros del SNI les
impone el deber de guardar una conducta apegada a las normas éticas relativas
al carácter profesional de su actividad. Toda la información que presente
deberá ser verídica y comprobable. En caso de encontrarse alteración de datos
oficiales o falta dolosa a la veracidad en la información suministrada, el
expediente será remitido a la Junta de Honor para acreditar responsabilidad”,
se lee.
Además, agregaron como ejemplo que el Conacyt aplicó dicho
Reglamento, bajo la consigna de no tolerar “faltas éticas que ponen en duda la
integridad del SNI”; por lo que la resolución fue cancelar el nombramiento
como Investigador Nacional y a aplicar sanción por 20 años.
Entre los casos que presentaron, destacan el del libro
de Guillermo Prieto de Alejandro Gertz Manero, en el que
presuntamente plagia Vida y Obra de Guillermo Prieto de Malcom D.
MacLean.
El segundo caso que mostraron fue el del libro Ignacio
Allende, del ahora fiscal General, que supuestamente tomó partes de El
héroe olvidado. Rasgos biográficos de don Ignacio Allende de Benito
Abad Arteaga.
Por último, evidenciaron partes del mismo libro que
supuestamente plagió al de Alfonso de María y Campos, según los investigadores.
Las decenas de páginas fueron escaneadas y publicadas
de manera abierta una por una, para que tanto las autoridades adecuadas,
como la ciudadanía en general puedan contrastarlas como es debido.
“Dado que tanto el presidente de la República, Lic. Andrés
Manuel López Obrador, como la directora del Conacyt, Dra. María Elena Álvarez-Buylla,
han convocado a la honestidad y a combatir la corrupción en todas sus formas, y
dado que el plagio académico es una forma de corrupción, denunciamos estos
hechos para el bien del SNI, la comunidad científica y el pueblo en general y
exigimos se le dé debido proceso”, finalizaron los investigadores.
· Los cuatro jinetes de la operación licuadora de Finanzas
· Vinculados a proceso, cuando
Javier Duarte puede salir libre
· Tendrán que decir quién y a
donde se ordenó el desvío millonario
Por Miguel Ángel Cristiani González
No deja de llamar la atención, el hecho de que, a estas
alturas del partido, luego de más de cuatro años, finalmente se haya decidido
activar las denuncias presentadas por la Fiscalía General de la República ante
los tribunales, en lo que constituye el “presunto” desvío de mayor cuantía
contra ex colaboradores del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
que como es bien sabido se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
Como en política nada es producto de la casualidad, sino más
bien de los tiempos, por eso es que resulta interesante el hecho de que después
de más de cuatro años, ahora finalmente se esté llamando a cuentas a los
operadores financieros del mayor desvío de recursos millonarios en la historia
del estado de Veracruz.
Los cuatro jinetes de la licuadora de la Secretaría de
Finanzas en la administración de Javier Duarte que fueron vinculados esta
semana a proceso por un presunto desvío de tan solo del sector educativo por 2
mil millones de pesos, son Tomás José Ruiz González y Fernando Charleston
Hernández, ex Secretarios de Finanzas; así como Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario
de Finanzas; y José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de Operación
Financiera de la dependencia.
El otro secretario de Finanzas del gobierno del estado,
Antonio Gómez Pelegrín ya se encuentra recluido desde hace días en el penal de
Pacho Viejo.
Es de llamar la atención también, el hecho de que hayan sido
procesados esta semana, luego de que se anunciara que el ex gobernador Javier
Duarte de Ochoa -preso por otros delitos- está a punto de poder salir de la
cárcel, luego de que se cumplió la mitad de su condena.
Javier Duarte de Ochoa no está preso por el delito de
peculado, que es el que ahora se está imputando a sus cercanos colaboradores y
que se castiga con una pena que va desde los 2 años y 8 meses de prisión hasta
los 18 años con 8 meses de prisión
Será también interesante ver el desarrollo de las audiencias
donde los hasta ahora inculpados explican y detallan a donde fueron a parar y
por orden de quien, esos dos mil millones de pesos que la federación envió como
un "apoyo para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de
servicios en educación en el estado" del sector educativo en el 2012.
En ese tiempo, el secretario de Educación de Veracruz, era
Adolfo Mota quien hace algunos meses nos comentó que él no tenía ningún problema
ni nada que ver en ese asunto, pues tiene los documentos que comprueban que el
recurso nunca llegó a la dependencia a su cargo.
Es decir, que los dos mil millones de pesos, llegaron a la
Secretaría de Finanzas y de ahí desaparecieron.
Por eso es muy interesante, el que los cuatro operadores
financieros de Javier Duarte, ahora tengan que declarar hacia donde se envió el
dinero.
Mientras tanto, Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez,
juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, Veracruz,
procesó a los cuatro ex funcionarios por el delito de peculado y fijó un plazo
de cuatro meses para la investigación complementaria.
Pero eso no es todo, porque como es bien sabido también, la
Auditoría Superior de la Federación en su momento, informó que era más de 60
mil millones de pesos, los que no habrían sido justificados por la
administración duartista en diversas dependencias.
Como también es cierto, que la Secretaría de Educación de
Veracruz, es la dependencia que mayores presupuestos maneja, por lo que esos
dos mil millones de pesos -que son un montón de millones- solo son una parte
del total del saqueo cometido.
Así es que como para mediados del año entrante, casualmente
en los tiempos en que se lleve a cabo la famosa consulta para la revocación del
mandato al presidente López Obrador, se estarán manejando también los
resultados de la vinculación al proceso que se les sigue a los cuatro jinetes
de la licuadora de finanzas.