El especialista destacó que el presidente
Andrés Manuel López Obrador ha actuado de manera pasiva ante el caso, al igual
que la FGR, la cual podría solicitar la información básica de las
investigaciones de EEUU, pero no lo ha hecho
Con la detención del exsecretario de la
Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda -ocurrida el pasado 15 de octubre
en Los Ángeles California-, queda en claro que en México existe una
mafiocracia en la que los vacíos de Estado y la protección por parte de
padrinos políticos, permite que la delincuencia organizada continúe creciendo a
nivel nacional, advirtió Edgardo Buscaglia, académico senior de la
Universidad de Columbia, en Nueva York.
En entrevista con el portal SinEmbargo,
Buscaglia destacó que el gobierno mexicano debe de iniciar una
investigación paralela a la estadounidense en contra del exsecretario de
la Defensa Nacional y de toda su red de complicidades para combatir la
corrupción política y fortalecer al Estado de Derecho.
“El Presidente López Obrador puede tomar el
caso de Cienfuegos como una oportunidad y no como una crisis”, aseguró.
Buscaglia destacó que la diferencia radica en la actitud del gobierno mexicano
que, hasta el momento y de manera equivocada, ha operado de forma pasiva.
Edgardo Buscaglia destacó que “si el
presidente espera a que el general Cienfuegos Zepeda reciba una sentencia
condenatoria o no, toda esa red criminal que puede o no estar a su alrededor va
a desaparecer. Entonces lo que ha hecho el presidente es cometer un grave
error” en una situación en que “puede usar el caso de Cienfuegos como un
catalizador para limpiar al Ejército y al Estado mexicano”, alertó.
En la opinión del especialista antimafia, a
parte de abrir una investigación paralela a la estadounidense para determinar
si existen indicios de una red criminal alrededor del General Cienfuegos, el
presidente de la República debe de apoyarse en las facciones honestas,
patrióticas y efectivas del Ejército mexicano para transformar y mejorar
su desempeño.
En ese sentido, Buscaglia enfatizó que
además de las investigaciones del Poder Judicial por lavado de dinero y crimen
organizado, las Fuerzas Armadas deberían dar inicio a un proceso de
investigación y ejercer justicia militar.
“Hay un problema grave en la reacción
institucional mexicana que va a agravar la crisis política si no se toman esas
medidas. […] Yo entiendo que el presidente tenga que decir que no se puede
condenar a toda la institución porque hay facciones enormemente honestas y
efectivas en el Ejército mexicano, como el General Moisés García Ochoa. Pero
tienes que combatir la suciedad que hay, como se combate en cualquier Ejército
cuando comete abusos”, abundó Buscaglia.
Para el también académico senior de la
Universidad de Turín en Italia, la pasividad del presidente López Obrador no es
la única. También está la falta de acción por parte de la Fiscalía General
de la República (FGR) que podría solicitar la información básica de las
investigaciones de las autoridades estadounidenses, que estarían obligadas a
compartirla por las convenciones y acuerdos bilaterales de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
“Esa información tiene que ser compartida y
abrir una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Y
por supuesto, el doctor Alejandro Gertz Manero es un cero a la izquierda.
Todavía no ha declarado nada. El Fiscal General de la República, que
supuestamente es autónomo, que no lo es, tendría que haber salido
inmediatamente, autónomamente, a pesar de la opinión del presidente de la
República a decir: ‘con base en los datos de investigación que los americanos
dicen que tienen, he solicitado datos de esa investigación para determinar si
debemos abrir una investigación por delincuencia organizada en México’. Eso es
lo que haría un Fiscal en serio con mínimo Estado de Derecho; no quedarse
callado”, aseguró Buscaglia.
“Ya mismo se tienen que hacer las
investigaciones para que el presidente lance un mensaje al mundo de que si bien
hay una corrupción mafiosa anquilosada desde hace décadas en el Estado mexicano,
él está tomando iniciativas para comenzar a terminar con ese cáncer y avanzar
hacia el principio del fin de la mafiocracia mexicana”, explicó Edgardo
Buscaglia al medio.
Precisamente, la falta de confianza en las
instituciones mexicanas por parte del gobierno estadounidense fue uno de los
motivos que evitaron que el gobierno mexicano supiera de la llamada “Operación
Padrino” en contra de Cienfuegos Zepeda.
En ese sentido, Edgardo Buscaglia destacó
que “estamos ante una situación muy grave en donde hemos dado marcha atrás
comparado con los años 1998, 1999 y 2000, donde estas investigaciones se
coordinaban entre México y Estados Unidos. Hoy ni siquiera eso. Estamos en una
situación en donde México está como espectador; es un cero a la izquierda el
Estado mexicano”, sentenció.
De acuerdo con el especialista, “el hecho
de que el presidente salga a decir que no tiene ni una carpeta de
investigación, es una bandera blanca de rendición. Es básicamente una situación
en la que el presidente reconoce que el Estado mexicano no solamente es
impotente para combatir su propia corrupción política, sino que, además, no es
lo mínimamente confiable para que las autoridades americanas compartan
actividades de investigación previas al gran jurado de Brooklyn, lo que antes
se hacía muy frecuentemente”.
A pregunta expresa de qué implica para la
relación entre México y Estados Unidos que haya un proceso penal contra un
exsecretario de la Defensa Nacional, el académico de la Universidad de Columbia
lo ilustró de la siguiente manera.
–"El problema es así: las
administraciones previas en Estados Unidos ayudaban a México a combatir la
delincuencia organizada operativa... la del Mayo Zambada, la de “El Chapo”, la
de Los Beltrán Leyva o la de “El Mencho”. Pero hasta ahora no ayudaron a
México a combatir la delincuencia organizada política, o sea, la de los
protectores políticos.
Cuando nos referimos a un programa
antimafia, judicialmente hablando, nos referimos a cuatro componentes: a un
componente de combate operativo contra los integrantes del crimen organizado,
pero además, los norteamericanos como los europeos tienen un componente
financiero-económico, donde van contra las empresas fachada; eso lo puedes ver
en el caso Odebrecht y en otros contra organizaciones criminales. Después van
contra la dimensión política, o sea, en contra de los protectores políticos,
como lo que ahora está comenzando a impulsar la Fiscalía de Brooklyn. Aparte
tienes la dimensión de sociedad civil o de organizaciones pantalla de la
sociedad civil que a veces son organizaciones religiosas, o a veces son
organizaciones sin fines de lucro. La lucha contra la delincuencia organizada
en todos los países no se basa solamente en atacar lo operativo, que era el
Plan Mérida donde los norteamericanos se gastaron millones de dólares ayudando
a México. Pero si no atacas las otras tres dimensiones, los casos como el de
Cienfuegos van a seguir aumentado, van a seguir apareciendo, porque esa
dimensión política de la delincuencia organizada no se ha tocado en México
hasta ahora. En eso consistía el pacto de impunidad mafioso", alertó
Buscaglia.
Destacó que la raíz de esa
delincuencia organizada que ha azotado a México desde hace más de 15 años,
“siempre es política, porque no tienen ningún tipo de dique las instituciones
mexicanas para frenar el crecimiento de éstas organizaciones. Hay un elemento
de vacío de Estado, vacíos institucionales que permiten que la delincuencia
organizada política continúe creciendo”, enfatizó en entrevista con el portal.
“A mí lo que me llama mucho la atención es
que durante los cuatro o cinco años de investigación de la DEA en el caso de
Cienfuegos, antes del gran jurado, nunca compartieron información de esas
investigaciones con las autoridades mexicanas, como sí hacían en la época de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada [SEIDO,
antes SIEDO] durante los gobiernos de los expresidentes Ernesto Zedillo
Ponce de León y Vicente Fox Quesada. Ahora los niveles de confianza en el marco
institucional mafioso mexicano son cero, o sea, no ves que compartan
información. Por eso el presidente sale a decir ‘nosotros ni siquiera tenemos
una carpeta de investigación’. Eso no solamente es un reconocimiento de la
incompetencia del Estado mexicano, de la Fiscalía General de la República, sino
también, y es lo más lamentable, la ausencia de confianza de las autoridades
norteamericanas que evita que avancen con investigaciones coordinadas con
México, como hacían antes (...) Entonces eso es muy grave, y de alguna manera
es un indictment [acusación o imputación]; es una condena al proceso de
deterioro de corrupción mafiosa que ha sufrido México en los últimos 10 años”,
resaltó el especialista antimafia.
Edgardo Busgalia destacó que la acusación
contra el General Cienfuegos Zepeda, conjugada con la de Genaro García Luna “ya
te da una pauta o un indicador de que la estrategia judicial contra la
delincuencia organizada en México ha cambiado. Ahora se decidió, desde hace un
buen tiempo, atacar las raíces políticas de la delincuencia organizada. La raíz
principal de la delincuencia organizada mexicana, la razón por la cual cometen
crímenes de lesa humanidad, desaparecen gente y trafican personas es la política
mexicana. El sistema político mexicano atrae a la delincuencia organizada
porque los controles sobre la actuación de los secretarios de Estado, sobre los
procesos electorales no existen. No hay instituciones de control preventivo; no
existen. No hay auditorías a los secretarios de la Defensa; no se los monitorea
a través del desempeño en su función. Entonces es muy fácil para la
delincuencia organizada meterle dinero a los más altos actores políticos del
Estado. Y no te quepa la menor duda de que el General Cienfuegos Zepeda es un
actor político porque, por más que sea militar en su origen, el nombramiento de
Secretario de Defensa forma parte del ámbito político del presidente de la
República. Y las facciones en el Ejército Mexicano que se vienen disputando la
Secretaría de la Defensa son facciones diversas con personas honestas como el
General Moisés García Ochoa, y personas de dudoso desempeño debido a denuncias
que han recibido, como el General Cienfuegos Zepeda. Y esas facciones se han
venido disputando la Secretaría de la Defensa por mucho tiempo y por lo tanto,
se han politizado”, resaltó.
“La
decisión de los fiscales norteamericanos de irse contra García Luna (y) contra
Cienfuegos, es una decisión directa desde lo más alto del Departamento de
Justicia estadounidense, para no sólo combatir la delincuencia organizada desde
lo operativo, sino combatirlo desde su raíz política en México. Más allá de que
el tráfico de drogas esté vinculado a este caso, en otros casos vas a
encontrarte con corrupción; simplemente sin tráfico de drogas también va a
impulsar otras causas penales pendientes. También la otra certeza es el
hecho de que los fiscales federales del Distrito Este de Brooklyn van a irse
contra expresidentes y otros secretarios de Estado, en donde el material
probatorio de las investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace años
los lleve a quien sea: sea el presidente Peña Nieto, sea el presidente
Calderón Hinojosa, o sea el presidente Fox Quesada”, enfatizó.
“La experiencia internacional que yo tengo
en observar a las autoridades norteamericanas en otros muchos países indica que
cuando ya comienzan a acusar de manera serial a actores políticos del más alto
nivel, como el General Cienfuegos Zepeda, ya quiere decir que el sistema
judicial mexicano se quitó los guantes y va a seguir avanzando sobre similares
actores hacia futuro. Ahora, las acusaciones penales normalmente llevan a
negociaciones procesales entre la Fiscalía y la parte acusada. Y siempre los
fiscales norteamericanos negocian hacia arriba; o sea, le dan beneficios
procesales al acusado siempre y cuando entregue a actores que están arriba del
acusado, o sea, los presidentes. Así que todo indica que están todavía
evaluando las acusaciones penales contra expresidentes, es decir, si llegan a
tener el suficiente material probatorio de investigaciones que vienen llevando
adelante”.
“Pero hay que entender una cosa muy
importante: los norteamericanos nunca solamente acusan o se localizan en un
individuo cuando impulsan causa por delincuencia organizada. Normalmente
la evidencia que ellos tienen se basa en transacciones financieras, compraventa
de propiedades reales o audios, como indica la carta que le envió el
Fiscal de Brooklyn a la jueza encargada de decidir si la detención de
Cienfuegos va a ser permanente o no. Entonces normalmente cuando comienzan
estas acusaciones penales terminan hackeando a los sistemas políticos de los
países, en donde se los exhibe por lo que son: mafiocracias como en el caso
mexicano. México ha estado regido por una mafiocracia; no es una
democracia. Entonces ustedes tienen a la delincuencia organizada eligiendo
a sus protectores políticos, y estos protectores políticos se transforman en
padrinos, como bien indica el nombre de la denominada ‘Operación Padrino’ en
contra de Cienfuegos”, sentenció Buscaglia.
