La política de precios de las gasolinas y el futuro de las refinerías son elementos que mantienen nerviosos a los inversionistas.
Andrés Manuel López Obrador ya lo ha dejado muy claro, tanto en público como en privado: no se habrá de echar para atrás la reforma energética.
Esto significa que en el corto plazo no habrá de proponerse una reforma al artículo 27 de la Constitución con objeto de prohibir el tipo de contratos que permitió la reforma: licencias, producción compartida, utilidad compartida y de servicios.
Tampoco habrán de reformarse las leyes en materia de hidrocarburos y solo se harán modificaciones reglamentarias que no impliquen cambios legales. Igualmente, se usarán las atribuciones del Estado para revisar los contratos otorgados en los concursos que hasta ahora se han realizado.
Pese a esos anuncios, no se ha ido del todo el nerviosismo de los inversionistas, quienes temían que hubiera el intento de hacer una revocación generalizada de los contratos y de realizar una contrarreforma, pues hay condiciones para que AMLO pueda obtener la mayoría calificada en las Cámaras (con el apoyo del PRD y MC), y tiene el número suficiente de Congresos locales como para realizar un cambio constitucional en materia de hidrocarburos.
¿Por qué razón hay preocupación?
Los principales motivos son dos. La política de precios de las gasolinas, por un parte, y los proyectos para construir o rehabilitar refinerías por la otra.
Veamos cada uno de estos elementos.
Debido a la escasa infraestructura de almacenamiento y distribución que existe en México, Pemex seguirá siendo por mucho tiempo el principal importador y distribuidor de las gasolinas en México.
Aunque ya se pueden otorgar permisos al sector privado, la falta de infraestructura limitará la capacidad real de importación y distribución de las empresas.
Los cambios en la política de precios implicaban dejar que –en cierta medida– los que Pemex da a los distribuidores y luego los que éstos dan al público, reflejaran el comportamiento del precio de las gasolinas en el mercado norteamericano.
Con la política que la próxima administración ha anunciado, de aumentar los precios de las gasolinas según el nivel de inflación, existe el riesgo de que no haya la flexibilidad suficiente para incorporar al precio final un alza en los valores de importación.
En ese caso, Pemex vería mermados sus ingresos y comprometida su situación financiera.
De hecho, en el primer semestre de este año, aun sin mantener fijos los precios, simplemente amortiguando un poco el alza, el IEPS a las gasolinas ha recaudado 30 mil millones de pesos por debajo de los presupuestado.
Claro que si resultara que los precios de las gasolinas en el mercado norteamericano bajan y se mantienen altos en México, entonces el balance sería favorable para Pemex y el gobierno.
Pero se trata de una apuesta incierta en mercados tan volátiles como el petrolero o el cambiario.
Luego viene el tema de las refinerías. La escasa utilización de las que existen actualmente, cuyo promedio está en 40 por ciento de la capacidad instalada, deriva de que hay cuellos de botella como en la provisión de hidrógeno para el proceso o en la falta de mantenimiento.
AMLO ya anunció un proyecto para invertir 2 mil 630 millones de dólares en la reconfiguración de las seis refinerías en los siguientes dos años, sin que ello excluya el proyecto para construir dos más.
La primera ya tiene ubicación y presupuesto. Estaría en el puerto de Dos Bocas y costaría 8 mil 400 millones de dólares. El tiempo estimado de construcción lo ha fijado AMLO en tres años.
De acuerdo con la mayoría de los expertos, ni son suficientes los 2 mil 630 millones de dólares para reconfigurar las refinerías existentes, ni la nueva planta se podrá construir en un plazo de tres años, como se ha planteado.
AMLO tiene un punto cierto al señalar que las reconfiguraciones hechas en el pasado han resultado demasiado costosas presuntamente por procesos de corrupción que han ocurrido.
Tan solo los desembolsos para la reconfiguración de las refinerías de Cadereyta, Minatitlán y Ciudad Madero ascendieron a casi 7 mil millones de dólares. Y ello no permitió que mejorara el porcentaje de utilización de las plantas.
Una serie de factores, como la caída en la demanda de combustóleo por la decisión de la CFE de pasarse a centrales de ciclo combinado que usan gas, el aumento de la proporción del crudo pesado en la extracción total y los problemas operativos, hizo inútil el gigantesco gasto que empezó a realizarse desde 1998, hace ya 20 años.
Aunque legalmente Pemex podría contratar con el sector privado la operación parcial o total de las refinerías, no pareciera haber disposición por parte de AMLO para quitar a la empresa productiva del Estado el control del proceso de refinación.
Hay que recordar que no hace mucho tiempo otro presidente de la República, Felipe Calderón, lanzó el plan para construir una nueva refinería y generó una competencia entre diversos estados del país. Al final ganó Hidalgo y en teoría, la refinería habría de construirse en Tula.
El proyecto nunca fue cancelado formalmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Simplemente se le dejó morir paulatinamente y se llegó a la conclusión de que habría de llevarse a cabo en otro momento.
No pareciera que con el proyecto de refinación de AMLO vaya a ocurrir lo mismo, pues se trata de uno de los más emblemáticos ofrecidos en su campaña.
El problema que ven diversos analistas y calificadoras como Moody’s es que con los recursos fiscales que existen no va a alcanzar para todo. Por ello se teme que pudiera haber presiones para ampliar el techo de deuda del sector público.
Quizás esto no ocurra en 2019, pues se tratará de un año en el que, de modo natural, los desembolsos de los proyectos que comienzan van a ser menores. Pero sí se visualiza ese riesgo en 2020.
Uno de los indicios de las presiones fiscales podría ser la reducción de algunos de los principales fondos que maneja el gobierno federal.
De acuerdo con el Informe Trimestral de Finanzas Públicas correspondiente al segundo trimestre del año, la suma de los fideicomisos orientados a la estabilización presupuestaria alcanzó el monto de 350 mil millones de pesos al primer semestre de este año. La cifra de un año atrás era 256 mil millones, por lo que en el último año hubo un incremento de 94 mil millones, lo que implica una buena refacción de recursos para la próxima administración.
Si en el curso de 2019 o 2020 se empieza a echar mano de estos fondos, será un indicio de que comenzaron las presiones sobre las finanzas públicas y entonces el comportamiento de los mercados respecto a la administración de AMLO será muy diferente al que existe en este momento.
El equipo de AMLO sabe perfectamente que inversionistas, analistas y calificadoras estarán observando con lupa el desempeño del nuevo gobierno.
Un escenario posible es que la Secretaría de Hacienda se convierta en el villano del arranque del sexenio, al cuidar los balances financieros del gobierno y restringir o posponer proyectos que otras dependencias demanden.
La interrogante va a ser hasta qué punto AMLO podrá resistir el mantener la disciplina fiscal de su gobierno.
