Por Liévano Sáenz .
La fiscalización obliga a candidatos y a partidos a realizar un esfuerzo inédito para lograr cumplir con una rigurosa verificación de recursos y gastos comprobables. Es perversa la combinación de un régimen de control inflexible con sanciones de nulidad en resultados cerrados y topes de campaña poco realistas.
Es inevitable que fluya dinero paralelo para financiar el gasto electoral y ello remite al peor de los mundos, el de campañas caras y opacas. Aunque no es deseable, frente a esa circunstancia es preferible, por mucho, tener campañas con alto gasto pero transparentes en cuanto al origen y destino de sus recursos financieros, que lo que ahora tenemos.
Salvaguardar la equidad siempre ha sido más aspiración que realidad. La reforma de 1996 significó un paso trascendente hacia este anhelo; se suponía que un generoso financiamiento público serviría para contener o evitar el desvío de recursos públicos o el financiamiento de origen ilícito. Poco después, la reforma de 2008 otorgó a los partidos un acceso desproporcionado a la radio y a la tv en la modalidad de promocionales, con lo que se pretendía un ahorro sustantivo en el gasto de campaña, además de un esquema que fuera más equitativo. La realidad es que tanto en recursos formales como informales, hoy las campañas son más caras que nunca y hemos sido testigos del desarrollo de una costosa burocracia electoral sin precedente en el mundo.
La nueva realidad impone a las organizaciones políticas retos inéditos para lograr sus objetivos. Por una parte, cinco de los 10 partidos participantes se plantean la meta de rebasar el mínimo legal de proporción de votos para retener el registro. Dos de ellos, Morena y el PVEM, superarán 3 por ciento de la votación, pero requieren ganar territorios y asientos legislativos. El poder del partido de López Obrador descansa en la fuerza y el prestigio de su fundador; la del PVEM, en una agresiva estrategia de comunicación que le ha significado multas repetidas. Ambos partidos intermedios jugarán un papel importante en el nuevo equilibrio; Morena puede afectar al PRD en sus dominios, mientras que el PVEM podría, en el mejor de los casos, ser factor para que el PRI pudiera alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Del PAN no se advierte claridad estratégica en la escala nacional. Parece repetir el modelo de 2012 cuando su objetivo de disminuir al PRI solo consiguió subir a López Obrador al segundo lugar y caer ellos al tercer sitio de las preferencias. El país, en general, y varias de sus regiones, en particular, han abandonado el esquema bipartidista. A los contendientes —candidatos y partidos— les ha resultado difícil entender los nuevos términos de una contienda que, por su complejidad, se asemeja al juego de ajedrez.
Una de las evidencias más reveladoras de esta nueva circunstancia se presenta en Nuevo León, donde la incursión de un candidato independiente ha modificado las coordenadas de la disputa tradicional por el poder local asociada al binomio PRI-PAN. Con amplia ventaja en las intenciones de voto, el PRI en el estado sí ha entendido el humor social hostil a los partidos y escéptico ante los gobiernos. Su candidata a gobernadora, Ivonne Álvarez, es una opción diferente no solo por género y juventud, sino por historia personal y carisma, atributos que la llevaron a la candidatura por encima de otros correligionarios de muy alto perfil político y profesional. El independiente Jaime Rodríguez, priista hasta septiembre pasado, supo articular el ánimo opositor para competir con eficacia en el mismo mercado electoral que el PAN.
A diferencia del PRI, el PAN tuvo un proceso accidentado para seleccionar a su candidato a gobernador. Felipe de Jesús Cantú, buen político, llegó a la candidatura tarde y en un entorno partidista fragmentado que motivó al ex gobernador sustituto, Fernando Elizondo, a postularse por un partido de izquierda, con resultados magros, pero muy negativos para la imagen del PAN. La fortaleza histórica del PAN en Nuevo León permitía creer que la campaña a la gubernatura podría ir en ascenso. Sin embargo, éste no ha sido el caso, da la impresión de que a un mes de iniciada la contienda, todavía no se dan cuenta de que Jaime Rodríguez está compitiendo en su espacio.
En un entorno de tres contendientes competitivos, el manual de estrategia señala que para ser segundo antes hay que vencer al tercero en la disputa. El error no está en el candidato, sino en una estrategia de comunicación que no advierte que el mercado natural del PAN es conformado por quienes se oponen al PRI, lo que comparten con el otro candidato en disputa. Esto significa que la campaña no puede limitarse a una embestida contra el partido que hoy ocupa el primer sitio sin calcular el efecto colateral, pues como se vio en 2012 con Josefina Vázquez Mota, esta táctica implica beneficiar a la otra opción opositora, un error que explica en parte las elevadas cifras de intención de voto a favor del candidato Jaime Rodríguez, ya por arriba del PAN. De no haber corrección, es muy probable que se reproduzca la escena de la contienda presidencial de hace tres años en la que los ataques del PAN al puntero solo sirvieron para hacerle campaña a Andrés Manuel López Obrador, quien terminó en segundo lugar.
Los partidos pequeños también son parte importante de la contienda; no necesariamente por su alcance electoral, sino por el sentido político que plantea la pluralidad. Por ejemplo, la acreditada organización civil ¿Cómo vamos Nuevo León? organizó un debate en este estado y solo convocó a los cuatro candidatos con mayor intención de voto, dejando fuera a los otros seis. El rechazo a la exclusión, no solo del órgano electoral, sino la que proviene de la propia población, cobra relieve, según muestra estudio de opinión de SDP Noticias. El mensaje en Nuevo León es claro: a los partidos pequeños, ya con el registro legal en la mano, se les tiene que respetar su condición de iguales. Otra jugada maestra en la partida.
