La protesta en las calles y en las redes sociales

México estaba conmocionado. Miles de personas que no suelen marchar tomaban las calles en solidaridad con los normalistas desaparecidos. A la solidaridad se sumó la indignación por las revelaciones de presuntos conflictos de interés. Las redes sociales hervían y la gente salía a protestar en la plaza pública.

Parecía que estábamos ante el despertar de la sociedad civil y que la protesta solo podía crecer. Era mucho el dolor, mucha la ira.

Pero no fue así. Las marchas más nutridas fueron menos de diez con una asistencia estimada entre 15 y 60 mil participantes cada una. Para finales de noviembre hubo convocatorias en redes sociales que prácticamente ya no tuvieron respuesta.

La ola de solidaridad y protesta social no organizada se extinguió con la misma rapidez con que se generó. Lo que parecía ser el nacimiento de un gran movimiento social de masas no lo fue.

Parte de la explicación está en que aún para los más activos dentro de este grupo de manifestantes los agravios eran más bien distantes (Ayotzinapa) o difusos (conflictos de interés). Había muchos indignados, pero pocos afectados; una situación muy distinta a la de España, en donde los indignados también son agraviados.

La protesta tampoco tuvo objetivos claros. La demanda de la aparición con vida de los normalistas o la consigna “fuera Peña” expresaban más estados de ánimo que objetivos concretos. Para que estos sentimientos prendieran faltó un liderazgo que le diese sentido y dirección.

Las redes sociales son un espacio natural para la expresión descarnada, a veces violenta, de las emociones. Por eso el ruido en ese mundo fue más ensordecedor que el de las calles.

Pero lo que se ventila en las redes es incapaz de decantarse por sí mismo en objetivos y estrategias de acción política. El debate, el discurso y los liderazgos para ello no se encuentran en ese “enjambre digital”, como lo llama Byun-Chul Han, para quien la indignación digital “no es capaz de acción ni de narración”.

Aún más, las redes sociales pueden inhibir la movilización social. Al constituir un espacio alternativo para la expresión del descontento, las redes acaban ocupando el lugar de la plaza pública. Tal vez esta es otra razón por la que las protestas callejeras no llegaron a los cientos de miles ni se sostuvieron más allá de diciembre.

Aquí no pasa nada

No hay ninguna duda de que gran parte de la sociedad está indignada y harta de la corrupción en todas sus manifestaciones

México, D. F.- En Los Pinos y la SHCP ya decidieron que el caso Ayotzinapa sí es motivo de dolor e indignación, pero también que las sospechas de conflicto de intereses en las casas de Angélica Rivero y Luis Videgaray son infundadas, puesto que las operaciones para su financiamiento y compra fueron absolutamente legales. Explicaciones sobre por qué cancelaron la licitación del tren México-Querétaro, a los chinos sí; a los mexicanos, ninguna. Por tanto no esperen ningún cambio al respecto toda vez que, como lo declaró Aurelio Nuño, el caso está cerrado.

El mensaje es claro y contundente —la seguridad sí es motivo de interés, la corrupción no— y se acata con una rapidez asombrosa por todos los que están por debajo del Presidente en el organigrama del gobierno y de su partido. Lo ocurrido en la Cámara de Diputados —la negativa del PRI a respaldar el sistema anticorrupción mediante una treta muy burda— es una señal contundente de que la novena propuesta del decálogo presidencial —“promoveré con estricto respeto a la división de Poderes la pronta aprobación de diversas leyes y reformas en materia de combate a la corrupción, que ya se encuentran en estudio y discusión en el Congreso de la Unión”— se convirtió en letra muerta en menos de un mes. ¿Dónde quedaron la voluntad y la credibilidad del presidente Peña Nieto?

La apuesta es clara, pero riesgosa. Puede sintetizarse así: déjenos gobernar, lo importante es retomar la instrumentación de las reformas aprobadas y darle tiempo a la recuperación de la economía. Ese molesto asunto cultural, la corrupción, volverá a su nivel y dejará de ser preocupación tan pronto pasen las fiestas navideñas y los mexicanos comiencen a sentir en sus bolsillos los beneficios de la economía creciendo y la apertura de las telecomunicaciones y del sector energético. Los resultados de las elecciones de junio, que ganará el PRI, reafirmarán ese diagnostico: aquí no pasó nada, aquí no pasa nada. Excepto por esos revoltosos de Guerrero y los poderosos intereses afectados por nuestras reformas.

Sin embargo, la gente en la calle piensa otra cosa. En la encuesta GEA-ISA, 53% de los ciudadanos no le creyó a Angélica Rivera su versión de cómo se hizo de la casa blanca; 60% piensa que es incorrecto haberle comprado la casa al dueño de la constructora que tantos negocios hizo con su marido cuando era gobernador del Estado de México. Pero más grave que esos datos es el de la credibilidad del presidente Peña Nieto. A la pregunta ¿qué tanto le cree? las respuestas son apabullantes: 12% dice creerle mucho (ni siquiera todos los priistas lo hacen), mientras que 38% asegura no creerle nada. Aunque se puede gobernar así, la eficacia del gobierno se reduce de manera considerable.

A la pregunta cuál es el principal error del gobierno del presidente Peña, 35% respondió que era Ayotzinapa, la casa blanca, no combatir la corrupción, ni la inseguridad. Pero la corrupción afecta a todos, no solo al gobierno. A la pregunta con qué partido asocia usted el concepto de políticos corruptos, las respuestas fueron: con el PRI, 24%; con el PRD, 21%; con el PAN, 17%, y con todos, 25%.

No hay ninguna duda de que gran parte de la sociedad está indignada y harta de la corrupción en todas sus manifestaciones. En contraste, en el gobierno piensan que no hay motivo para indignarse, que ellos no tienen nada que ver o que es un problema menor. ¿Esta divergencia, que no es nueva y que antes no era motivo de marchas en la calle, producirá algo más que el descontento soterrado y se diluirá como lo piensan en Los Pinos, o se traducirá en un impulso de cambio?

Difícil saberlo. Y más cuando PAN y PRD han renunciado de manera vergonzosa a ser oposición y a convertirse en verdaderos contrapesos del gobierno en el tema del conflicto de intereses. La sociedad está sola, sin el respaldo de ningún partido y sin otras vías, hasta el momento, para traducir su descontento en acción eficaz. No es difícil imaginar que en junio próximo haya más abstencionismo que en otras elecciones, pero eso podría beneficiar al gobierno y al PRI, cuando menos hasta 2018.  Queda el movimiento en la calle. ¿Habrá otro catalizador como los de Ayotzinapa o la casa blanca que lo mantenga vivo y arrincone al gobierno y a los partidos a hacer algo? Están invitando a que se los fabriquen.

La crisis del sexenio

Hasta el momento no se le ve fin a la crisis que desató la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre. Hasta el momento los esfuerzos del gobierno federal no han logrado contener y mucho menos disminuir la ola de indignación y protestas generada por esta tragedia en la que subyacen como elementos fundamentales la impunidad, la corrupción y el crimen organizado, al mismo tiempo que imperdonables descuidos y omisiones por parte de todos los niveles de gobierno.

Las movilizaciones de amplios sectores de la sociedad para condenar la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa han sido mayoritariamente pacíficas y reflejo de la indignación que existe no solo por este acto criminal cometido a manos de policías municipales y narcotraficantes, sino por el estado de cosas que fue caldo de cultivo para que ocurrieran los ataques ordenados por el ex alcalde José Luis Abarca a elementos de la policía municipal en colusión con la banda Guerreros Unidos.

Este estado de cosas no es más que la persistencia de la pobreza, la marginación y la falta de atención eficaz a los desposeídos de México, así como la resistencia del crimen organizado a la estrategia de seguridad del gobierno y la infiltración del narcotráfico en las estructuras de gobierno y los cuerpos de seguridad locales. A lo que se agrega la influencia en los estados de Guerrero y Oaxaca de los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario, cuyas redes se extienden a un sinnúmero de organizaciones de alcance regional y hasta nacional.

Y como la cereza del pastel aparecen en este escenario los autodenominados grupos anarquistas que han sido los protagonistas de actos violentos perfectamente orquestados con el fin de despojar de su carácter pacífico a las manifestaciones de protesta realizadas en las últimas semanas.

En este contexto es urgente que se realicen diversos deslindes.

Del lado del gobierno federal es imperativo que de manera contundente se asuma la responsabilidad del Estado mexicano ante las circunstancias que dieron como resultado la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y al mismo tiempo recalcar que estos ataques fueron perpetrados por criminales enquistados en un gobierno municipal y que no forman parte de una acción sistemática por parte del gobierno para perseguir, reprimir y matar a algún grupo social u opositor. De parte de la sociedad el deslinde de los grupúsculos violentos es urgente, no solo en el discurso, sino en los hechos y participar en su identificación y neutralización. Solo así se podrá comenzar apenas a construir la ruta de salida a esta crisis.