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Por Beda Peñaloza
Ecatepec, México.- Propietarios de deshuesaderos de la colonia Potrero Chico , en la zona conocida como “La Curva del Diablo”, en Ecatepec, acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el abuso de autoridad y despojo del que, aseguraron, son víctimas por parte de las autoridades estatales y municipales, luego de que en pasados días por la madrugada fueron demolidos con maquinaria pesada parte de los 32 establecimientos, así como un expendio de gasolina, que estaban asentados en ese lugar y continuarán los trabajos donde faltan más negocios así como una vivienda.
Dirigentes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales reciclados A.C. y vecinos, entre ellos Armando Garduño y Guadalupe Hernández, informaron lo anterior, al tiempo de afirmar que presentarán ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por robo ya que, además de la demolición de los deshuesaderos, que venían operando desde hace casi 30 años, fueron sacadas en tractocamiones unas 100 unidades y refacciones sin que se mostrara ninguna documentación ni orden de alguna autoridad judicial que avalara estas acciones.
“Pero nos queda claro que esto forma parte del nuevo estado de derecho del que ha venido hablando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por eso vamos a acudir a las instancias internacionales, para que se sepa lo que está sucediendo y para que alguien nos escuche porque no vamos a doblar las manos”, agregaron, mientras observaban cómo una excavadora con martillo hundía la punta en una edificación para luego encaminarse contra un gran anunció de una franquicia de Pemex, que terminó en el piso.
A un costado de la avenida Central se apostaron centenares de efectivos policiacos municipales apoyados por granaderos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes además de cerrar la vialidad para poder llevar a cabo el operativo, formaron bloques en los accesos de las calles para evitar cualquier manifestación de los vecinos.
Las acciones se iniciaron pasadas las 00:30 horas del día 7 del presente mes y, tal como sucedió el pasado 30 de octubre, las encabezó Manuel Salazar por parte del gobierno estatal, además de Manuel Trejo, de Gobierno municipal.
Los inconformes expresaron que no sólo se les ha afectado dejándolos sin empleo desde el pasado 27 de noviembre, cuando en un operativo se procedió al cierre de deshuesaderos por supuestos ilícitos que nunca fueron probados, sino que ahora se les está despojando de sus propiedades.
Los terrenos, una franja considerada federal que la Conagua cedió al ayuntamiento local en enero pasado, están ubicados en una extensión de aproximadamente 20 mil metros cuadrados donde el precio por metro es de cerca de 7 mil pesos, sumando en total más de 140 millones de pesos, según los afectados.
Cabe mencionar que desde ese día maquinaria pesada sigue con la limpieza de los predios y se espera que próximamente se realice otro operativo para desmantelar las edificaciones faltantes.
