Mexico.- Existe una relación directa entre educación y bienestar. A mayores niveles de educación los ciudadanos reclaman y ejercen sus derechos con mayor intensidad. La educación condiciona otros derechos fundamentales, condiciona el bienestar personal.
En el nivel agregado, la educación determina el desempeño de la economía nacional.
La competitividad está determinada por el nivel educativo y la calidad de la educación de los trabajadores. A mayor educación, mayor productividad y mayores salarios. En suma, mayor bienestar social.
En el plano individual, tener educación representa la posibilidad de dejar de ser pobre.
Datos, como los de la CEPAL, concluyen que una persona del sector rural que termina la primaria o secundaria reduce considerablemente su probabilidad de caer en pobreza alimentaria, de capacidades o de patrimonio. El potencial se maximiza si la educación es de calidad.
El 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial un decreto de reformas, entre otros, al artículo 3º constitucional, para transitar de una educación de caridad a una de calidad. Se dio estocada al Estado que promete derechos para comenzar la configuración de un Estado que da derechos y que hace esfuerzos presupuestarios para ello.
Desde entonces, el Estado mexicano debe imprimir el sello de “calidad” en la educación obligatoria (como un medio) para garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Una doble garantía, pues, de medios y de resultados. En palabras del ministro Cossío se trata de “la introducción de una garantía de calidad educativa que impone cargas materiales nuevas a la autoridad”.
Dicha calidad se predica, en el texto constitucional, respecto de un conjunto de elementos que, ante su incumplimiento (independiente, individual o sistemático) por parte del Estado, los afectados podrían acceder a distintos tipos de garantías y medios de defensa (constitucionales u ordinarios, acciones colectivas) para buscar que los jueces obliguen a satisfacer el imperativo constitucional de tener educación de calidad.
Una lectura de la Constitución nos permite elaborar juicios de valor respecto de si los materiales y los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos, son favorecedores de ese clima de calidad educativa o, si por el contrario, son un obstáculo material.
La reforma constitucional en materia educativa estableció, paralelamente, los cimientos de un sistema magisterial basado en el mérito y en la profesionalización. Creó, conjuntamente, un Instituto autónomo a cargo de la evaluación del desempeño y resultados del sistema nacional de la educación (INEE). La evolución apuntada es un gran inicio para lograr otras metas nacionales (inclusión, prosperidad y paz).
En el tema educativo, los principios económicos tienen cabida. La regulación debe favorecer la toma de decisiones mejor informadas por parte de los educandos y de sus padres y debe propiciar que los oferentes (públicos y privados) del servicio compitan entre sí para elevar la calidad de la educación que imparten y que los estudiantes puedan elegir de manera más informada respecto de una determinada oferta educativa.
En relación con el consumo de servicios educativos las escuelas deben hacer un full disclousure respecto de qué están hechos y de lo que ofrecen en el mercado. Deben informar, de manera previa y clara, a los potenciales estudiantes (a sus padres o tutores), el nivel de calidad de sus materiales y métodos educativos, organización escolar, infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos.
En la educación privada, las escuelas deberían transparentar, al mismo tiempo, los costos, las becas y créditos, y en el caso de las universidades, además, las probabilidades de empleo que los egresados tienen en función de datos estadísticos reales, como lo han implementado en EUA con el llamado “college scorecard”.
Este tipo de regulación favorecerá la toma de decisiones informadas pero, además, producirá un efecto competitivo entre las escuelas, públicas y privadas, al poder contrastar sus datos con las de otras e implementar mejoras, contribuyendo a hacer realidad el derecho constitucional a una educación de calidad.
