La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó que los detenidos responden a los nombres de Daniel Ángel Carrasco Soberanes, de 29 años de edad y José Carlos López Carrasco, de 25.
La dependencia, señaló que por las primeras investigaciones que se realizaron, el pasado 26 de abril del año en curso, al asistir a un baile popular que se celebraba en las canchas de futbol de la Colonia Hank González, en este municipio, estos sujetos y otros, que aún se encuentran prófugos de la justicia, participaron en una riña que protagonizaron dos grupos de jóvenes que se encontraban completamente trastornados por efectos del alcohol.
Debido a que durante la trifulca estos dos sujetos fueron salvajemente golpeados por sus contrincantes, dijo la PGJEM, enfurecidos y trastornados salieron del evento y se dirigieron a sus respectivos domicilios, donde sacaron armas de fuego, y con la intención de cobrar venganza regresaron al baile para buscar a sus rivales.
Una vez que tuvieron de frente a sus contrincantes, agregó la Procuraduría, dichos sujetos sin el menor recato los asesinaron a balazos; durante el tiroteo una mujer que acompañaba a los occisos también cayó muerta al ser alcanzada por algunas balas perdidas.
Mientras que las víctimas identificadas como Germán Antonio García, Alejandro Rodríguez Bustamante y Julia Copado Trejo, cayeron en medio de enormes charcos de sangre, los presuntos homicidas, pistola en mano, se abrieron paso y ante los gritos de terror e histeria de los asistentes que corrían despavoridos para no ser alcanzados por alguna bala perdida, se dieron a la fuga.
Sin embargo, como resultados de las investigaciones que se realizaron y gracias a los datos que aportaron varios de los asistentes sobre los presuntos homicidas, elementos de la Policía Ministerial finalmente los ubicaron y detuvieron la tardenoche del miércoles pasado, muy cerca del lugar de los hechos.
Debido a que los detenidos ya contaban con órdenes de aprehensión, de inmediato fueron consignados al penal de Chiconautla, donde gracias a los elementos de prueba que aportó el MP, un juez de control y juicios orales los vinculó a proceso y fijó un plazo de dos meses para determinar su situación jurídica.
