Los gobiernos federal y estatal están obligados a responder ¿qué fue lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala y por qué pasó?
No hubo ningún dibujo ni ningún trazo. El cartón fue sólo una luctuosa mancha negra, bajo el título “¿Por qué?” El célebre Abel Quezada lo publicó aquí en Excélsior el 3 de octubre de 1968. Fue la primer protesta y la primer exigencia de esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos un día antes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde el gobierno de entonces usó a un grupo paramilitar (el Batallón Olimpia) y al Ejército para reprimir a estudiantes.
Hay que advertir que los hechos, sus razones y circunstancias no son las mismas, pero 46 años después, al gobierno mexicano se le exige responder ¿qué fue lo que pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, donde se sabe que hubo seis muertos, una veintena de heridos y 43 desaparecidos? Saber qué pasó ayudará a saber por qué pasó.
En Iguala, Guerrero, como en buena parte del país, exi existen las condiciones para desatar tragedias indignantes como la que ahí se vive. Son condiciones vergonzosas, indignantes, insoportables para cualquier comunidad, producto del círculo violencia-impunidad originado y soportado por otro de lo cánceres nacionales: la corrupción.
Los crímenes, las matanzas colectivas y las fosas clandestinas tampoco son una sorpresa en Guerrero... ni en otras partes del país. La sorpresa, para bien, es la indignación que ha provocado. Es evidente que el que los desaparecidos, que se han contado en 43, sean alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa es un elemento que ha propiciado la justa protesta. Pero también hay que recordar que 24 horas después de los hechos de Iguala, hubo otros seis asesinatos en plena costera de Acapulco, cuyos autores tampoco han sido identificados y mucho menos detenidos.
Hasta hoy, la versión de las autoridades federales y estatales (las municipales son parte del crimen) es que hubo un tiroteo de policías municipales y sicarios del crimen organizado contra estudiantes normalistas que, al parecer, habían secuestrado camiones (uno de ellos no estaba secuestrado y en él viajaba un equipo de futbol de tercera división, Los Avispones de Chilpancingo, uno de cuyos integrantes, de 15 años de edad, murió por los disparos). Luego se detuvo a un grupo de estudiantes y, días después, localizaron fosas clandestinas en las cercanías de Iguala con 28 cadáveres, aún no identificados.
El relato de los hechos hace suponer que los cadáveres de las fosas podrían pertenecer a los normalistas secuestrados por los policías y sicarios, a las órdenes de la autoridad municipal y de un presunto delincuente apodado El Chucky. Pero las cifras ofrecidas no concuerdan: se “detuvieron” a 17 estudiantes; hay 43 desaparecidos y existen 28 cadáveres o restos de 28 cuerpos. ¿Dónde están los demás? ¿En otras fosas? ¿Siguen vivos, (¡ojalá!)? ¿Si esos restos humanos no son los estudiantes, de quiénes son? ¿Cuál fue el motivo, el móvil, de esos crímenes, es decir por qué los secuestraron y por qué los asesinaron? La indignación debería mantenerse en el supuesto de que esos cuerpos no pertenecieran a los normalistas desaparecidos; aunque no se crea, 28 cadáveres son igual número de crímenes que deberían ser resueltos y castigados por las autoridades correspondientes.
Los gobiernos federal y estatal están obligados a responder a todas esas preguntas. A resolver éste y todos los crímenes ocurridos en ese estado, a informarles a los ciudadanos qué fue lo que pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala y por qué pasó. La impunidad, soportada por la corrupción, provocará más crímenes en Guerrero y en el país... como ya ocurre desde hace años. Es tiempo de decir: ¡Basta!
