Los ajustes a la Constitución con la reforma de supremacía constitucional eliminan la posibilidad de que la Suprema Corte ejerza el recurso de revisión constitucional.
Las elecciones judiciales, lejos de ser un mecanismo que
democratice el acceso a la justicia, implica una fórmula eficaz para subordinar
al Poder Judicial a las directrices y mandatos de la 4T, al tiempo que anular
el principio de la división de poderes y garantizar juezas y jueces a modo, que
interpretarán la ley conforme a los intereses del gobierno y de sus mayorías
parlamentarias.
Faltaba el candado que hiciera imposible la revisión de las
reformas constitucionales y de los procedimientos para generarlas. Adán Augusto
López y compañía lo encontraron, en la llamada iniciativa de supremacía
constitucional que será aprobada esta semana en la Cámara de las Diputaciones
y, probablemente, en la mayoría de los congresos locales. Se trata de
modificaciones y adiciones a los artículos 105 y 107 para establecer que las
modificaciones a la Carta Magna no puedan ser impugnadas ni suspendidas, dado
que, en contra de ellas, no procederán ni las controversias constitucionales ni
las acciones de inconstitucionalidad ni el juicio de amparo.
El oportunismo y la saña con la que actúan las mayorías
parlamentarias de Morena, PT y PVEM genera diferencias hasta entre ellos
mismos, que se evidenciaron en la postura pública de Arturo Escobar, quien
luego de expresar que no apoyaría la iniciativa, se retractó para decir que no
había ruptura del pacto verde con Morena; pareciera, incluso, que la presidenta
de la República no fue quien ordenó la promoción de esa iniciativa que luego
avaló diciendo que se había matizado. Lo cierto es que la estrategia morenista
para que no se detenga la implementación de la reforma judicial se ha vuelto
errática y hasta despectiva. Baste recordar la absurda arrogancia de Fernández
Noroña después de aprobarse la iniciativa en la cámara de las y los senadores,
al agradecerle a la oposición que agilizara el debate.
No hay vuelta de hoja ni marcha atrás. La 4T tiene prisa por
concretar las elecciones de las y los integrantes del Poder Judicial federal,
sin que sea importante que costarán mucho más que las últimas elecciones
presidenciales. Blindan el proceso desde la tribuna de las mañaneras,
despedazando el prestigio de las personas juzgadoras que se oponen y de las
propias instituciones judiciales, al amparo del uso abusivo del discurso que
quiere construir la legitimidad de los cambios en la voluntad del pueblo.
La avalancha reciente de reformas, y las que vienen, está
generando que de facto la 4T reescriba la Constitución, sustituyendo los pactos
políticos que le dieron origen por una visión unilateral, para quitarle
relevancia y convertirla en una ley ordinaria que puede ser modificada en el
momento y en el sentido que la alianza gobernante necesite.
Las reformas nos llevan en reversa, deshaciendo los
controles institucionales al poder. No importa que los griegos le hayan
enseñado al mundo las bondades de equilibrar su ejercicio y que, más tarde,
Locke y Montesquieu desarrollaran la teoría de su división. En cambio, los
ajustes actuales a la Constitución, sin recato alguno, con la reforma de
supremacía constitucional, eliminan la posibilidad de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación o, lo que quede de ella, pueda ejercer el recurso de
revisión constitucional diseñado por la teoría norteamericana para darle
fortaleza al Poder Judicial y otorgarle el rol de garante de la
constitucionalidad en la emisión de leyes y en diversos actos del gobierno.
Supremacía constitucional morenista al revés.
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