El oficial mayor de la Federación de Trabajadores del Estado
de México lamenta que pasadas administraciones se dedicaron a “malgastar el
patrimonio”
Es “urgente” que el Congreso del Estado de México
proporcione un marco jurídico al Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios (ISSEMyM) con el cual se prevengan desfalcos y también se
castigue a aquellos que no reporten las cuotas de seguridad social, así lo
consideró Jorge A. Díaz Galindo Hurtado, presidente de la Asociación Nacional
para la Promoción, Atención y Defensa de los Usuarios de la Seguridad Social.
El también oficial mayor de la Federación de Trabajadores
del Estado de México (CTM) calificó la situación por la que atraviesa ese
instituto como una “desgracia social”, pues señaló que las pasada
administraciones estatales se dedicaron a “malgastar” el patrimonio y los
recursos de esa institución, que desencadenó en la actual crisis.
Explicó que la situación actual del ISSEMyM derivó,
entre otras cuestiones, de las deudas que registran, por ejemplo, los ayuntamientos
mexiquenses cuando éstos en su momento no ingresaron a las arcas del instituto
los recursos que se les descontaban a los servidores públicos municipales por
el rubro de seguridad social “se los robaron”, comentó.
Cuando no se reportan las cuotas, señaló, en el caso de
la seguridad social privada como el IMSS, constituye un delito penal, “un
fraude”, el cual se sanciona con cárcel.
Es decir, explicó, cuando se da el caso de que los
patrones descuentan al trabajador sus cuotas y no lo reporten al Seguro
Social “después de un procedimiento se convierte en una defraudación
fiscal con castigo penal”. Actualmente, aseveró, en el caso del ISSEMyM,
no se castiga.
Díaz Galindo Hurtado planteó la necesidad de que también se
emita una ley dinámica que permita al Gobierno estatal, a los
ayuntamientos y los organismos autónomos garantizar oportunamente las
cuotas para que los trabajadores a punto de pensionarse puedan recibir sus
pagos.
Asimismo, urgió a que se lleve a cabo una campaña donde se
informe que las pensiones de las y los trabajadores está garantizada pues
resaltó que se trata de un derecho constitucional. En el caso de que el
ISSEMyM no contará con recursos para las pensiones, el Estado mexicano, de
índole federal o estatal, tendría la obligación de proporcionar esos recursos,
sostuvo.
Confió también en que la administración de la
gobernadora Delfina Gómez tenga como prioridad la atención de la situación
actual de ese instituto da seguridad social de las y los trabajadores del
Gobierno estatal, de los ayuntamientos, de organismo autónomos, así como
del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, el cual estimó en
un universo de 2.2 millones de trabajadores, que se eleva, con sus familias, a
poco más de 5 millones de derechohabientes.
“No es justo que miles de familias al servicio del estado de
México pudiesen tener esa incertidumbre”
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