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Por primera vez el Infoem aplicó la medida de apercibimientos a los funcionarios en cumplimiento a lo que establece la norma
El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios (Infoem) por primera vez impuso
apercibimientos a presidentes municipales por incumplimientos en materia
de transparencia.
En total aplicó 92 medidas de apremio, entre ellas, 17
apercibimientos a superiores jerárquicos, y de ellos seis fueron dirigidos al
presidente municipal de Tenango del Aire y 11 más al alcalde de Tepetlixpa.
También aplicaron 44 apercibimientos a titulares de unidades
de transparencia y servidores públicos, de los cuales cinco corresponden al
Ejecutivo, 38 a municipios y uno a un organismo de agua.
Además, se aplicaron 30 amonestaciones públicas, de las
cuales 26 fueron a titulares de transparencia de organismos de agua municipales
y cuatro a titulares de organismos DIF.
En la misma sesión se puso una multa al titular de la Unidad
de Transparencia del ayuntamiento de Tonatico por 15 mil 561 pesos.
El comisionado presidente, José Martínez Vilchis, destacó
que por primera vez hicieron apercibimientos a dos presidentes municipales y
señaló que fue en cumplimiento a lo que establece la norma.
Asuntos
En otros asuntos, el comisionado Gustavo Parra Noriega
consideró que el Poder Legislativo es competente para traer información sobre
los presupuestos de los 125 municipios. Se pronunció por la gratuidad en la
entrega de los documentos y porque la clave catastral sea pública.
La comisionada María del Rosario Mejía Ayala también
consideró, entre otras cosas, que no deben clasificarse los documentos que
acreditan el nivel de estudios que las personas públicas, que se debe
privilegiar la entrega de información en forma gratuita.
La comisionada Sharon Morales consideró que la difusión de
imágenes de personas servidoras públicas que no ocupan una posición de
liderazgo en el gobierno podría ser vista como una violación a su privacidad, a
menos que haya una razón justificada y existe el riesgo de que personas
funcionarias de rango inferior pudieran ser difamadas y acosadas. Tampoco
estuvo de acuerdo en la petición del currículum de personas servidoras de
elección popular, pues no es elemento fundamental para su participación, ni
para asumir el cargo.
A su vez, la comisionada Guadalupe Ramírez Peña también
señaló que el sujeto obligado no está obligado a contar con documentos donde
conste la experiencia y grado de estudios de integrantes de cabildo y opinó que
la información relacionada con personal de seguridad pública debe ser
clasificada como reservada, pues podría ser aprovechada para conocer la
capacidad de reacción de las autoridades.
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