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Kimberly-Clark, cuyo Consejo de Administración es presidido por Claudio X. González Laporte, ha recibido en este sexenio millones en contratos sin licitar a través de Diconsa, perteneciente a Segalmex y donde funcionarios fueron involucrados en un desfalco millonario. Los productos vendidos al Gobierno, en unos casos a sobreprecio, son servilletas, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales desechables, servilletas y jabones de tocador.
Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– Diconsa,
empresa que junto con Liconsa se fusionó al inicio del sexenio para formar el
organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ha otorgado a Kimberly-Clark
de México un total de 979 contratos, todos sin licitar y en algunos casos
con productos a sobreprecio, por un monto de 308 millones 037 mil 755
en los últimos cinco años, de acuerdo con una revisión a la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT) y Compranet.
Pero el gigante papelero de México, cuyo Consejo de
Administración es presidido por el empresario Claudio X. González Laporte,
no sólo se ha beneficiado con los 979 contratos en este sexenio, también le ha
ido mejor que en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en cuanto
al monto: 308 millones 037 mil 755 pesos frente a los 296 millones 115 mil 818
pesos que ganó con el gobierno priista.
No obstante, los datos de Compranet también arrojan que en
los últimos 20 años, la administración federal que más le ha dado contratos a
Kimberly-Clark es la de Vicente Fox Quesada cuando se le hicieron compras por
927 millones 113 mil 290 pesos. En ese sexenio se adquirió papel para la
impresión de libros gratuitos encargados a la Impresora y Encuadernadora
Progreso del Fondo de Cultura Económica, la Conaliteg y Talleres Gráficos de
México. Además, Diconsa le hizo compras de despensa.
En este sexenio, Claudio X. González Laporte, quien es uno
de los empresarios más importantes del país y duro crítico del Presidente
Andrés Manuel López Obrador y Morena junto con su hijo Claudio X. González
Guajardo, ha vendido a Diconsa servilletas, papel higiénico, toallas sanitarias,
pañales desechables, servilletas y jabones de tocador.
En 2019 se le dieron 100 contratos, todos por adjudicación
directa, es decir sin un concurso de por medio, por un monto de 46 millones 677
mil 076 pesos. Para 2020 la empresa ganó 242 contratos por 77 millones 848 mil
478 pesos; en 2021 la cifra de contratos subió a 333 por la cantidad de 90
millones 112 mil 984.39 pesos. En 2022 bajaron a 280 contratos por 86 millones
103 mil 218.17 pesos y en lo que va de 2023 sólo ha ganado 24 contratos por un
valor de 7 millones 295 mil 998 pesos, como se observa en la siguiente tabla.
La gama de los montos de los más de 900 contratos de
Kimberly-Clark con el Gobierno va desde convenios de 50 mil pesos hasta los que
se firmaron por más de un millón de pesos, según la revisión de contratos de
este medio digital. Es decir, los abarrotes no comestibles de la compañía no
han faltado en las tiendas Diconsa, una de las vías operativas de Segalmex, el
organismo sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)
y donde en este sexenio se cometió el mayor fraude al erario.
“En Segalmex ha habido muchas irregularidades y tendríamos
que tener mucha cautela porque es una institución con varios escándalos de
corrupción en este Gobierno, creo que todas sus contrataciones se deben de ver
con mucho cuidado porque sí se cometieron varias irregularidades en este
sexenio”, explicó en entrevista Janet Oropeza, investigadora en el programa de
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar.
Para la investigadora, es importante saber cómo se está
justificando la adjudicación directa en el caso de Kimberly Clark, “por qué se
le compró a ellos y no a otro”.
En la revisión realizada a los 979 contratos otorgados a
Kimberly-Clark, Diconsa sólo justifica la compra directa a la empresa de
Claudio X. González Laporte citando el inciso XII del artículo 41 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que dice que se
podrá contratar por adjudicación directa cuando “se trate de la adquisición de
bienes que realicen las dependencias y entidades para su comercialización directa
o para someterlos a procesos productivos que las mismas realicen en
cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto
jurídico de su constitución”.
En México existe un marco legal para las adquisiciones
públicas y contempla tres mecanismos para poder asignar a un proveedor un
contrato: uno es la licitación pública, que es el procedimiento por el cual se
inscriben la mayor cantidad de proveedores y quien obtiene el contrato es el
que ofrece las mejores condiciones de precio, calidad y cumple con los
requisitos. De acuerdo con los especialistas, éste sería el mecanismo ideal
porque es el más competitivo.
El segundo mecanismo que se contempla en la Ley es la
invitación a cuando menos tres empresas, en este caso el Gobierno decide invitar
sólo a tres proveedores que cuentan con las capacidades para proveer este
servicio.
Finalmente está la adjudicación directa que, en opinión de
los expertos, debería ser el mecanismo de excepción porque directamente se le
da el contrato a un proveedor específico. En este caso, la Ley contempla que
este procedimiento se puede utilizar, por ejemplo, en situaciones de emergencia
como la pandemia porque hay proveedores de patentes donde sólo uno tiene esa
licencia.
Sin embargo, la adjudicación directa en México se ha
utilizado en beneficio de las grandes empresas y esto propicia corrupción en
los contratos, de acuerdo con los datos de Fundar.
“La desventaja de la adjudicación directa es cuando es usada
por las mismas empresas de siempre y acaparan el mercado, esto puede causar
sobreprecio o puede llevar a cuestiones de que se capturan a las instituciones
públicas y se empiezan a generar conflictos de interés o puertas giratorias”,
consideró Janet Oropeza, de Fundar.
DICONSA COMPRÓ A SOBREPRECIO
Los especialistas en transparencia advierten que una de las
desventajas de otorgar contratos vía adjudicación directa es caer en temas de
sobreprecio. En el caso de Kimberly-Clark, en una revisión realizada al
contrato 2646949, con el número de procedimiento AA-008VSS992-E305-2021,
otorgado por Diconsa a la empresa de Claudio X. González Laporte en el año
2021, se observa que el precio de los productos adquiridos para atender el
requerimiento del abasto rural es mayor a los que se comercializan en tiendas
de autoservicio.
Aunque los precios mencionados en el contrato fueron vendidos
en el año 2021, el precio en el mercado no varía mucho en estos tres años, como
se muestra en la siguiente tabla comparativa.
Por ejemplo, el precio del paquete de pañales Kleen Bebé
Suavelastic Max Mediano con 14 piezas, fue comprado por Diconsa en 220.62 pesos
cada pieza, cuando en tiendas de autoservicio como Surtitienda y Princo se
venden al cliente en 73.60 y 64 pesos IVA incluido, respectivamente. Es decir,
un sobreprecio de 199.75 por ciento..
El segundo producto de los 20 incluidos en el contrato son
las servilletas pétalo blancas de 100 hojas, cuyo costo fue de 349.92 pesos por
pieza, más del triple del precio con el que se vende en Chedraui (17.75 pesos)
y Soriana (19.90 pesos).
Las toallas femeninas Kotex de manzanilla con alas de 10
piezas fueron vendidas a Diconsa a 107.64 pesos la pieza o paquete, mientras
que en el mercado se comercializan hasta en 18 pesos, un 498 por ciento menos
de lo que le costó al Gobierno.
Otro producto que Diconsa compró a sobreprecio fueron las
servilletas pétalo de color con 350, costaron 321.31 pesos, mientras que el
precio máximo en tiendas de autoservicio es de 51.90 pesos, 519.09 por ciento
menos de lo que pagó el Estado.
El papel higiénico Vogue de 400 hojas fue vendido a Diconsa
a un precio de 363.07 pesos cada paquete, cuando su precio máximo en tiendas de
autoservicio es de 32.7 pesos; mientras que el papel higiénico pétalo de 300
hojas con cuatro rollos fue vendido por Kimberly-Clark en 145.15 pesos cada
paquete, pero su precio máximo en tiendas de autoservicio es de 29.10 pesos,
398.79 por ciento menos.
A continuación se muestra el contrato donde se especifican
los productos comprados por Diconsa a Kimberly-Clark, los cuales contienen
pañales, toallas sanitarias, servilletas, papel higiénico y servitoallas.
También se observa el precio por cada pieza y la cantidad que se compró, así
como el monto total.
La empresa Kimberly-Clark de México lleva operando en el
país desde 1925 cuando se constituyó la fábrica de papel La Aurora, S.A., con
sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Para 1959 se convirtió en
Kimberly-Clark de México y en 1962 comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV). Actualmente cuenta con 18 marcas líderes en el mercado entre las
que se encuentran Huggies, Kleen-Bebé, Evenflo, Kleenex Cottonelle, Depend,
Kotex, Escudo, Suavel, Vogue, Pétalo y Depend.
Aunque no es posible saber qué porcentaje de las ganancias
de Kimberly-Clark representan los contratos otorgados por Diconsa, la compañía
ha registrado en los últimos años un crecimiento en sus ganancias, incluso
durante la pandemia. El año pasado, por ejemplo, sorteó la inflación con ventas
récord por 51 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 9 por
ciento respecto a 2021, de acuerdo con su reporte financiero.
La utilidad neta de la empresa de Claudio X. González
Laporte alcanzó el año pasado 4 mil 936 millones de pesos, un avance de 10 por
ciento con respecto al año pasado, mientras que el flujo operativo (Ebitda) en
este periodo fue de 10 mil 903 millones de pesos, un crecimiento de 6 por
ciento en comparación con 2021.
En el caso de Diconsa, que desde el inicio del sexenio forma
parte de Segalmex, es una empresa de participación estatal mayoritaria que
pertenece al sector desarrollo social y cuyo propósito es “contribuir con
transparencia y eficacia el abasto oportuno de productos básicos y
complementarios a las localidades rurales de alta y muy alta marginación”. No
obstante, dos altos funcionarios (Roberto Rivera Ramos, subgerente de
Programación y Adquisiciones de Granos y Azúcar de la Unidad Operativa de Diconsa
en Querétaro, y Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial y apoderado de
Diconsa) están detenidos por estar relacionadas con el desfalco
multimillonario al patrimonio de Segalmex.
El desfalco en Segalmex, cuyo monto asciende a almenos 9 mil
millones de pesos por compras fraudulentas de carne y azúcar, involucra a más
de 20 personas y las irregularidades ocurrieron cuando el salinista Ignacio
Ovalle Fernández era su titular. Leonel Cota Montaño dirige el organismo
desde abril de 2022.
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