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Felipe Calderón dijo que Javier Laynez ahora es víctima de una persecución política del gobierno de AMLO, y celebró que suspendiera el ‘plan B’ electoral.
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El expresidente Felipe Calderón expresó su admiración por
el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez, quien
otorgó una suspensión contra la serie de modificaciones que implica el
denominado ‘plan B’ de la Reforma electoral el viernes 24 de marzo.
“Mi admiración para el ministro Javier Laynez. Para él y para
todos los perseguidos a causa de la más perversa intolerancia del
presidente y sus corifeos”, dijo el expresidente, quien aseguró que el
ministro ahora es víctima de una persecución por suspender de manera
provisional la iniciativa aprobada por el Poder Legislativo.
Dos días después de aquella resolución, la Presidencia dijo que el ministro Laynez “arrancó hojas a la
constitución” al suspender el ‘plan B’ de la reforma electoral, ya
que no se apega a la Carta Magna.
Por ello, el Gobierno Federal dijo que solicitará al pleno
de la Suprema Corte revocar
el acuerdo que admite el trámite de la controversia y la suspensión del ‘plan
B’ de la Reforma Electoral, ya que son contrarias a los principios
fundamentales del Estado de Derecho.
¿Cuáles son las razones del Gobierno para que la resolución
de Javier Laynez sea inconstitucional?
El Gobierno Federal calificó de “preocupante” que
Laynez resolviera la suspensión del ‘plan B’ de la reforma electoral por
estas razones:
El Instituto
Nacional Electoral (INE) no solicitó la suspensión total de la reforma,
“sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del
instituto.”
La Constitución faculta a la Suprema Corte para conocer
controversias en las que se cuestione la regularidad constitucional de normas
generales, “con excepción de las que se refieran a la materia electoral”, ya
que “no es función del árbitro electoral cuestionar las normas jurídicas que el
Poder Legislativo tuvo a bien expedir.”
Otros de los aspectos que la oficina de Presidencia criticó
con la medida son:
“No es común que, en viernes por la noche y sin notificar
formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una
determinación tan relevante.”
“Tampoco es normal que se admita a trámite una
controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no
lo permite.”
El Gobierno acusa que nunca en la historia del país, un solo
juez constitucional “dejó
sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por
el Poder Legislativo y ordenó revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo
puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada
por al menos ocho ministros.”
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