Fuera de algunas expresiones demagógicas de algunos políticos, no hay un proyecto o una política pública en marcha para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda en México.
Imaginemos la vida de una persona que hoy tiene 30 dentro de
30 años. Después de tener distintos empleos de sobrevivencia sin prestaciones
de ley, no hay jubilación que esperar, tampoco hay vacantes para su edad, ni
hijas ni hijos que puedan ofrecer algún tipo de apoyo, mucho menos una vivienda
propia. Esta persona trabajó toda su vida y ahora no tiene nada ni a dónde ir,
y como ella, otros varios millones se hacen la misma pregunta todos los días:
¿Dónde pasaré esta noche?
Es difícil escribir esto, sé que quizá lo juzgarán de
fatalismo (ojalá tengan razón), pero no podemos hacer como si nada sucediera,
ni dejar de pensar en las terribles consecuencias que podrían tener en el
futuro la actual situación del empleo y los derechos sociales. Tenemos que
darnos cuenta de que vivimos a contrarreloj, y que el tiempo se nos agota para
evitar que esta historia se convierta en el futuro de millones. Por eso dedico
esta columna a un tema que desde hace tiempo circula por las conversaciones
digitales y que comienza a movilizar a personas en varias ciudades del país: la
crisis de acceso a la vivienda.
Comencemos por los datos. De acuerdo al último Censo de
Población y Vivienda del INEGI (2020), en nuestro país existen 43.9 millones de
viviendas particulares, de las cuales, 6.1 millones están deshabitadas, es
decir, el 13 por ciento de las casas y departamentos edificados no han podido
ser vendidos o rentados a nadie. Mientras tanto, el índice SHF de Precios de la
Vivienda, mostró en el primer trimestre de 2022 una apreciación de 7.7 por
ciento a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2021, es decir,
las casas y departamentos edificados o en construcción cada día cuestan más.
Por otro lado, el INEGI también nos indica que del total de hogares en el país,
en 21.1 por ciento alguno de sus integrantes necesita o está planeando rentar,
comprar o construir una vivienda, lo cual representa un total de 8.2 millones
de viviendas requeridas.
Lo que nos dicen estas cifras es muy claro: a pesar de que
hay millones de personas que necesitan una vivienda y de que hay millones de
viviendas disponibles, estas últimas no están siendo compradas o rentadas por
su precio, su ubicación, su dimensión o algún otro motivo. Lo cierto es que, a
pesar de esto, sus precios están aumentando de manera desproporcionada en
relación a los salarios. ¿Por qué está pasando esto?
Entre los factores podríamos contar: sueldos bajos,
especulación inmobiliaria, ciudades planeadas para los autos, políticas
deficientes del Infonavit, migración, inflación, crecimiento desordenado y
horizontal de las urbes, financiamiento de la vivienda, corrupción, plataformas
turísticas, desigualdad, empleos sin derechos, un Estado ausente que ha
decidido no hacer su trabajo, entre muchos otros factores.
Estamos hablando de uno de los problemas más extensos y
complejos del país, y al mismo tiempo, de uno del que existen menos respuestas
serias desde los gobiernos. Para ser claros: fuera de algunas expresiones
demagógicas de algunos políticos, no hay un proyecto o una política en marcha
para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda en México.
¿Entonces, qué hacer? Desde la sociedad civil ya avanzan
esfuerzos para demandar a los gobiernos acciones en el tema, toca escucharles y
acompañarles, así como abrir el diálogo en todo el país, construir un
diagnóstico claro y una agenda común, empujar iniciativas en los espacios de
decisiones, articularnos y levantar la voz por esta lucha que viene: la del
derecho a tener un lugar digno para hacer vida, descansar y estar con las
personas a las que amamos.
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