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El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja ante el INE en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, de diversos actores y funcionarios, de la dirigencia nacional de Morena y de al menos 18 comités estatales de Morena, entre ellos el del Estado de México, por la convocatoria a la marcha del 27 de noviembre.
El representante de ese partido ante el INE, Ángel Ávila
señaló, a través de sus redes sociales, que el informe presidencial del cuarto
año de Gobierno de López Obrador, ya fue hecho legalmente el primero de
septiembre de este año, tal como lo marca el artículo 69 de la Constitución.
Por ello, acusó, ese evento, al cual ha convocado el
mandatario nacional, sería violatorio de la Ley, pues se enmarcaría en un acto
de promoción personalizada y utilización de recursos públicos.
El artículo 134 constitucional, advirtió, establece que la
propaganda gubernamental en ningún caso incluirá voces, imágenes, ni símbolos
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Esta acción gubernamental del Presidente viola toda la
normativa respecto de la comunicación social a que deben atenerse todos los
funcionarios públicos.
Por ello, sostuvo, seguirán presentando todas las quejas
necesarias, para que el presidente y todas y todos los funcionarios públicos
respeten la Ley y la Constitución.
La queja incluye a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; a
la secretaria de Energía, Rocío Nahle; al dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado; a las senadoras Antares Vázquez, Lucy Meza y Citlalli Hernández; a las
diputadas federales Laura Imelda Pérez, Yeidckol Polevnsky y Judith Tanori; a
los legisladores federales Sergio Gutiérrez, Julio César Moreno.
También es contra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y
contra los comités morenistas nacional y de las entidades de: Baja California,
Chiapas, Ciudad de México, Durango, Nuevo León, Estado de México, Nayarit,
Oaxaca, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco,
Querétaro, Tabasco y Tamaulipas por la difusión de propaganda personalizada con
el uso indebido de recursos públicos.
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