Aun cuando el año pasado la controversia fue admitida por
uno de los ministros, este miércoles tres integrantes de esa sala revocaron el
acuerdo.
La principal consecuencia es que el territorio mexiquense
recibirá menos recursos porque uno de los factores para calcular las
participaciones federales es el número de habitantes por entidad federativa.
La Segunda Sala determinó que fue fundado el recurso de
reclamación presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en contra de la admisión de la controversia 78/2021, hecha el nueve de
julio del año anterior; por lo cual revocó el acuerdo mediante el cual se había
aceptado.
El año pasado el Gobierno del Estado de México promovió una
controversia contra la decisión de la Secretaría de Hacienda de utilizar el
Censo 2020 del INEGI para calcular la entrega de participaciones federales,
pues en él le cuentan un millón de habitantes menos y sus participaciones le
disminuyeron en más de 4 mil 300 millones de pesos.
Con los datos tomados por Hacienda la entidad tendría más de
17 millones de habitantes para la estimación de las participaciones,
prácticamente un millón menos de los más de 18 millones que se venían
contemplando para calcular cuánto le correspondería al territorio mexiquense
del Fondo General de Participaciones.
El Estado de México impugnó la elaboración, aprobación,
publicación, resultados y omisiones en que incurrieron el Censo y el Marco de
Muestreo de Viviendas, en lo relacionado al conteo poblacional para la entidad
mexiquense.
En noviembre, el gobernador Alfredo del Mazo Maza refirió
que con el Censo 2020 el país disminuyó su población en un millón 200 mil
personas, y de esas, un millón 100 mil se le descontaron solo a la entidad
mexiquense, con lo cual bajaron sus participaciones federales.
En una rápida sesión este miércoles la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia por tres votos a favor y dos en contra determinó no
admitir la controversia impulsada por las autoridades mexiquenses.
El INEGI reclamó que ese recurso fue promovido de manera
extemporánea, mientras el proyecto del ministro ponente señala que aun cuando
las autoridades del Estado de México podían apelar los estudios de ese
instituto conforme a la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y
Geografía, no lo hicieron.
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