El presidente nacional del PAN, Marko Cortes Mendoza, lamentó el actuar de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para aplicar diversos criterios con respecto a los ataques contra el Instituto Nacional Electoral (INE), por parte del gobierno federal y el Partido Morena, que solo abonan a cumplir el capricho del Presidente.
Cortés Mendoza explicó que es de preocupar que, en la
suspensión del acuerdo del INE para posponer la consulta por parte de
dos ministras, hubo una respuesta expedita de la SCJN a la
controversia del presidente de la Cámara de Diputados, con la clarísima
intención de favorecer los deseos ególatras del presidente de
"ratificar" su mandato.
En cambio, criticó, que la misma Corte aplicó otro
criterio para abordar la controversia constitucional presentada por el INE para
que ordene a la Cámara de Diputados asignarle la suficiencia
presupuestal para organizar la consulta popular sobre la revocación de mandato.
"Para nosotros está muy claro que la Corte no aplicó
los mismos criterios en sus resoluciones. Respetamos la decisión de
las ministras, pero en este caso en particular, existe el riesgo de que la
interpretación de la ley se politice", explicó.
Pidió que, por el bien de México, la Corte debe
frenar a la brevedad el costosísimo e inconstitucional espectáculo publicitario
de López Obrador, porque, de realizarse el capricho presidencial, nos
estaría costando a todas y todos los mexicanos al menos 4 mil millones de
pesos, recursos que deberían aprovecharse para reactivar la economía, generar
empleos y combatir la pobreza.
El líder panista mencionó que la SCJN no debe
consentir una clara violación constitucional, ya que el ejercicio de revocación
está claramente tergiversado en ratificación de mandato, deformando la figura
de empoderamiento ciudadano para revocar el mandato por pérdida de confianza.
Esto se hace muy evidente cuando utilizando todos sus
recursos, sus clientelas y beneficiarios de programas,
quienes la promueven son las propias estructuras gubernamentales, las del
partido en el gobierno y el mismo presidente de la República.
Marko pidió a los ministros de la Corte no dejarse
presionar, asumir una posición legal, congruente y responsable con el país y
convocó a las demás fuerzas políticas y a la sociedad civil organizada a levantar
la voz y defender al Instituto Nacional Electoral, que es un
organismo con autonomía constitucional fundamental para la vigencia de nuestra
democracia.
Señaló que si bien respetamos la decisión que tomaron dos de
las ministras para que el INE continúe los trabajos de preparación del
ejercicio de revocación, se debe esperar a que el pleno de la propia Corte
analice y resuelva el fondo de la controversia presentada.
"Rechazamos de forma enérgica los ataques contra la
institución electoral y sus consejeros orquestado desde el gobierno y su
partido", añadió.
Dijo que el ejercicio de revocación de empoderamiento ciudadano
ahora está completamente tergiversado en ratificación de mandato, y está
respondiendo a los deseos del presidente, lo que implica un gasto público
absolutamente inútil, sobre todo en momentos en que está fuertemente afectada
la economía de las familias mexicanas.
El dirigente nacional del PAN también cuestionó y
contrastó la conducta de las mesas directivas del Congreso federal,
pues dijo que cuando el presidente López Obrador emitió el acuerdo
para asignar sin licitar y ocultar la información de las obras de
infraestructura del sexenio, los senadores de oposición solicitaron a la
presidenta de la Mesa Directiva del Senado, que presentará una
controversia constitucional contra el "decretazo" presidencial, pero
se negó.
Sin embargo, en la impugnación del acuerdo del INE promovida
por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ocurrió
lo contrario, lo cual contradice la actuación de Morena y de la propia
presidenta del Senado.
"Queda en evidencia que el Presidente de la Cámara
de Diputados y la Presidenta de la Cámara de Senadores están sometidos
a los intereses y al servicio del Ejecutivo Federal, ya que su actuación
es completamente distinta cuando se trata de defender la legalidad de los actos
del gobierno", explicó.
Cortés Mendoza aseguró que la denuncia del presidente de
la Cámara de Diputados ante la fiscalía General de la República (FGR)
contra los seis consejeros electorales que votaron a favor de posponer la
consulta de revocación de mandato, es políticamente inaceptable y jurídicamente
intrascendente, pero se inscribe en la misma campaña para desacreditar al INE y
a sus consejeros.
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