La Estafa Maestra era un título que jugaba, claro está, con
la idea de una perversidad hecha con sofisticación –el desvío de miles de
millones de pesos mediante el uso de entidades públicas y empresas
irrastreables– y con el hecho de que el fraude se realizó utilizando, sobre
todo, universidades.
Hoy queda claro que la maestría de ese esquema de desvíos
diseñado para la impunidad está a punto de cuajar. Fiscales y jueces se prestan
y aprestan, desde sus respectivas funciones, a rematar la jugada, a ser la
pieza que faltaba para que exfuncionarios señalados se salgan con la suya sin
pagar una reparación de daño que realmente merezca ese nombre.
El último capítulo de esa impunidad lo reportó el
lunes Reforma, que en su primera plana de ese día publicó la siguiente
nota: “El juez federal Antonio González García prohibió por tiempo indefinido a
la Fiscalía General de la República solicitar orden de aprehensión contra tres
excolaboradores de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedatu y la Sedesol,
en una investigación relacionada con la Estafa Maestra.
“El fallo favorece a Humberto René Islas Cortés, exdirector
de Recursos Materiales; Enrique Prado Ordóñez, director de Adquisiciones y
Contratos, y Sonia Angélica Zaragoza, directora de Recursos Humanos, cargos que
desempeñaron en las dos dependencias.
“Zaragoza y Prado son investigados por una presunta
contratación indebida de 124 millones 100 mil pesos que hizo la Sedesol con la
Universidad Intercultural del Estado de México”. La nota, titulada 'Arman
Estafa y juez los blinda', termina diciendo que en casi tres años la Fiscalía
General de la República no ha conseguido procesar a ninguno de los mencionados.
Sólo para recordar, en los reportajes contenidos en la serie
bajo el nombre de 'La Estafa Maestra' se documentaban empresas y entidades
públicas involucradas en desvíos por 7 mil 600 millones de pesos,
correspondientes a un corto periodo del sexenio de Peña Nieto. Sólo detrás de
Pemex, el equipo de Emilio Zebadúa fue el que más monto había dispersado
mediante ese mecanismo.
Hoy Rosario Robles está en la cárcel en forma abusiva. Pero
la gran mayoría de sus excolaboradores apenas si ha tenido que preocuparse por
diligencias judiciales. Ello a pesar de que los equipos de Animal Político y
Mexicanos contra la Corrupción, por su lado, y muchos otros medios por el suyo,
han seguido reportando las irregularidades de tales desvíos.
El caso de Robles, ya se ha dicho, pero no está de más
repetir, suena a clara vendetta por parte de sus excompañeros, hoy en la
titularidad del Poder Ejecutivo. ¿Por qué la poderosa FGR, que ha logrado
encarcelar a barones del capital como Juan Collado o Alonso Ancira, no puede
con exfuncionarios de medio rango, pero señalados en fraudes de cientos de
millones de pesos? Vaya misterio.
El presidente López Obrador ha dicho varias veces que en
temas de abusos y corrupción su prioridad es que se regrese lo robado. En
algunos casos parece actuar así, pero no en la Estafa Maestra, que pinta para
profecía autocumplida con ayuda del gobierno que supuestamente impulsaría la
justicia.
El reportaje, publicado en 2017, hizo su parte al denunciar
un esquema de expolio gubernamental. Pero no contábamos con la FGR y el Poder
Judicial, que se afanan en redondear la maestría de la estafa.
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