Iniciativa contra el empleo
El presidente López Obrador cumplió su
amenaza… perdón, su ofrecimiento de prohibir la subcontratación laboral, o
como se conoce usualmente, el outsourcing.
Recuerde que entre las diversas
iniciativas que se discutieron desde el año pasado, había algunas que no
pretendían regularlo, sino de hecho prohibirlo como la del senador Napoleón
Gómez Urrutia. Se regresó a ella.
El senador Ricardo Monreal, en su
afán siempre negociador, organizó un Parlamento abierto sobre este tema en el
cual se escucharon diversos puntos de vista en torno al asunto. Fue célebre la
referencia de la secretaria Luisa María Alcalde al comparar la
subcontratación al colesterol, señalando que hay bueno y malo.
En la propuesta que ayer se conoció, se
limita la 'subcontratación buena' a los proveedores de servicios
especializados. Ya no importa si se cumplen las obligaciones fiscales y
laborales, si la subcontratación no corresponde a servicios especializados, no
procederá, y quien la practique podrá ser incluso sujeto a procedimientos
penales.
Además de que la iniciativa ignoró las
conclusiones del Parlamento abierto organizado por el Senado, el presidente
mandó un mensaje al anunciar que su iniciativa se enviará a la Cámara de
Diputados y no a la de senadores, que es la que ya conoció el asunto.
Al analizar la iniciativa, se percibe que
lo que el gobierno trata no es solo evitar la evasión fiscal y de obligaciones
laborales, sino eliminar la flexibilidad laboral.
En la presentación de la conferencia
mañanera, se atribuyó a la subcontratación la caída en el número de
asegurados que se da en los meses de diciembre.
Por ejemplo, el diciembre del año pasado
hubo una baja de 1.4 por ciento; en el mismo mes de 2018, la caída fue igual.
El argumento es que la reforma laboral
que se aprobó en noviembre de 2012 incentivó la subcontratación y propicia
estas variaciones de fin de año. Pero resulta que, en 2011, la caída del empleo
fue de 1.3 por ciento en diciembre y en 2010 bajó 1.5 por ciento. No hay
cambio.
Es cierto que se abusó y en
ocasiones se empleó como un instrumento para evadir obligaciones fiscales
y laborales, pero también permitió una mayor flexibilidad laboral.
Como en otros temas, se opta por
cancelarla en lugar de regularla.
Entre 2012 y 2018, el crecimiento
promedio anual del número de trabajadores asegurados en el IMSS fue de 3.9
por ciento, en tanto que el crecimiento del PIB en ese mismo periodo fue de 2.4
por ciento anual.
Esto quiere decir que el crecimiento
del empleo formal fue 1.6 veces superior al de la economía, lo que es
atribuible en buena medida al avance en la flexibilidad laboral.
El gobierno actual pierde de vista que,
si se aprueba la iniciativa que conocimos ayer en los términos que viene, lo
más probable es que tengamos una caída en la generación de empleo porque
se perderá flexibilidad y se aumentarán los costos.
Así como el gobierno actual tiene la mira
puesta en el sector energético que existía en los años 70 y 80 del siglo
pasado, pasa lo mismo con el mercado laboral. Supone que, si regresamos a la
situación que teníamos entonces, lo único que sucederá es que se contratará directamente
a los trabajadores que hoy están contratados en esquemas de outsourcing.
No va a suceder. Lo que vamos a
observar es una pérdida del volumen del empleo formal. Una parte se va a
perder y punto. Y otra parte va a pasar de la formalidad a la informalidad.
Esperemos que, al menos en la Cámara de
Senadores asuman que no son empleados del presidente de la República, sino
que son legisladores que tienen criterio y opinión propia, de un tema que
además ya analizaron y discutieron.
Si lo dejan pasar como está, se mostrará
que el que decide en este país es el presidente, con un Poder Legislativo que
sólo le dice: 'Sí señor'.
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