Opinión. El INEGI informó que durante diciembre de 2016 tres cuartas partes (74.1 por ciento) de los ciudadanos mexicanos adultos manifestaron vivir en condiciones de inseguridad en su ciudad
Durante el primer mes de 2017 se dieron a conocer dos indicadores
que muestran aspectos preocupantes de la situación de la sociedad y la economía mexicana.
Por un lado, el INEGI informó que durante diciembre de 2016 tres cuartas partes (74.1 por ciento) de los ciudadanos mexicanos adultos manifestaron vivir en condiciones de inseguridad en su ciudad.
Dicho resultado fue detectado en la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ENSU) y presenta un cambio significativo respecto a septiembre de 2016 y diciembre de 2015.
Además, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que elaboran conjuntamente el INEGI y el Banco de México, registró una caída de (-7.8) por ciento en diciembre de 2016, en relación al mismo mes del año anterior.
En el caso del ICC, los cinco subíndices que lo componen registraron bajas importantes, destacando la situación esperada del país dentro de 12 meses, comparada con la actual, que disminuyó en (-13.9) puntos en
relación con el mismo mes del año anterior.
Otro subíndice que registró una fuerte caída fue la situación actual de la economía, comparada con la existente doce meses atrás, que registró un deterioro de (-11.) puntos porcentuales
Otros indicadores detectados por el ICC son los planes para que algún miembro de la familia compre un automóvil en los próximos dos años, que disminuyó (-10.4) por ciento en diciembre, y que se pueda comprar, construir o remodelar una casa en los próximos dos años, que se redujo en (-10.2) puntos porcentuales. Pasando al tema de la seguridad, en algunas áreas metropolitanas del país, los niveles percibidos de inseguridad son alarmantes.
Tal es el caso de Villahermosa, Tabasco, donde prácticamente toda la población (el 97.5 por ciento) manifestó vivir en condiciones de inseguridad, Chilpancingo, Guerrero, donde el porcentaje fue de 96.2 por ciento y la región Oriente de la Ciudad de México, con una percepción de la inseguridad por el 95.0 por ciento de la población.
En el caso de Nuevo León, el nivel de inseguridad percibido en el área metropolitana de Monterrey se elevó de 62.8 a 67.8 por ciento de la población adulta entre septiembre y diciembre de 2016. En la frontera
tamaulipeca, la ENSU mostró una disminución en la percepción de la inseguridad. El porcentaje de ciudadanos que manifestaron sentirse inseguros en Reynosa disminuyó de 71.4 a 69.6 entre septiembre y diciembre, mientras que en Nuevo Laredo pasó de 8.4.0 a 77.2 puntos
porcentuales.
La ENSU detecto además los lugares y circunstancias que reflejan más la inseguridad de la población. La más importante fueron los cajeros automáticos localizados en la vía pública, con el 82.0 por ciento de las respuestas, seguido por el transporte público, con el 74.2 por ciento y
los bancos, en donde el 68.3 por ciento de los usuarios manifestó
sentirse inseguro.
Los ciudadanos entrevistados por la ENSU calificaron a las diversas
corporaciones policiales, los que percibieron su desempeño como “muy o algo efectivo” fueron: la Policía Federal (63.5 por ciento), Policía Estatal (49.3 por ciento) y Policía Municipal (39.8 por ciento). Otro aspecto importante detectado en la ENSU son las expectativas de los
mexicanos en materia de inseguridad. El 37.4 de los ciudadanos
encuestados consideran que la inseguridad empeorará en los próximos doce meses, mientras que el 34.7 por ciento creen que seguirá igual. La caída en la confianza del consumidor mexicano, así como las detectadas en los indicadores del sector empresarial y los especialistas
en economía del sector privado, son indicadores cualitativos que
presagian un pobre desempeño económico en el año que inicia. Si a esto agregamos el deterioro en la percepción de seguridad pública por parte de la población, con sus efectos en los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos, el panorama para 2017 es francamente sombrío. Como hemos mencionado anteriormente, se aceran tiempos electorales, en este año para entidades federativas clave y el año próximo para la Presidencia de la República. La pérdida
de confianza y la inseguridad pueden traducirse en un “voto de castigo” para el partido en el poder, con las consecuencias previsibles.
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