El mandatario mexicano se enfrenta a uno de los casos más bochornosos de su mandato
Foto: Archivo
CIUDAD DE MÉXICO.- En marzo de 2012 Enrique Peña Nieto estaba a un paso de alcanzar la presidencia de México. Por aquel entonces, con 46 años, era el hombre de moda formado en el extranjero, que recorría el país como líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), unas siglas con 87 años de vida. El telegénico candidato lideraba las encuestas y una nueva forma de hacer política ofertando una imagen de renovación generacional y moral.
Un PRI muy distinto al que había sido desalojado del poder 12 años antes, estaba a un paso de volver a la presidencia después de una dura travesía por el desierto para un partido que lleva la palabra gobernar escrita en su ADN.
Ante las dudas sobre la profundidad del cambio Peña Nieto respondía como un mantra a la pregunta más repetida por la prensa nacional y extranjera: “Es imposible que vuelva el viejo PRI porque ese PRI ya no existe” decía. Y ponía como ejemplo a un grupo de gobernadores de su propio partido que habían llegado al poder unos meses antes. “El gobernador de Quinta Roo, Beto Borge, de Veracruz, Javier Duarte o el de Chihuahua, Cesar Duarte, son actores de una nueva generación que forma parte de la renovación del partido” dijo semanas antes de ganar las elecciones durante una entrevista en la cadena Televisa.
Sin embargo, cuatro años después, los mandatarios citados por Peña Nieto como ejemplo de ética y juventud, están en busca y captura o tienen problemas con la justicia. El maquillaje del nuevo PRI se desmorona y los gobernadores que debían acompañar la renovación política han reproducido peores prácticas.
En Veracruz, Javier Duarte, de 43 años tuvo que dejar prematuramente el cargo el 12 de octubre y se enfrenta a 53 denuncias distintas que van desde enriquecimiento ilícito a lavado de dinero. La Interpol lo busca en 190 países y hasta su cuñada ha sido detenida en el marco de una operación que incluye el registro de cinco de sus propiedades. En Quintana Roo, Roberto Borge está acusado de vender a sus amigos, familiares y prestanombres terrenos en los paradisiacos Tulum, Playa del Carmen y Cancún. En Chihuahua, Cesar Duarte, está desaparecido después de conocerse las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito y hasta crear un banco para manejar estos fondos
Antes de dejar el cargo, en una desesperada maniobra de última hora, los polémicos gobernadores intentaron blindarse y promovieron reformas legales que les habrían permitido protegerse de investigaciones, pero la propia Procuraduría (PGR) impugnó dichos cambios y fueron invalidados por la Suprema Corte (SCJN).
Tocado por los escándalos propios y ajenos, Peña Nieto ha perdido la iniciativa política y es un boxeador que encara los dos últimos años de su gobierno arrinconado en la esquina del cuadrilátero. La fuga esta semana de Duarte a la vista de todos supone uno de los momentos más bochornosos de su gobierno. De cómo encare el desafío que tiene delante, depende gran parte de su legado ético. Los analistas consultados, sin embargo, son escépticos.
“Peña Nieto no sabe manejar la corrupción, en gran parte porque forma parte de su cultura. Él proviene del autoritarismo priísta en el Estado de México (donde fue gobernador) donde el uso del patrimonio público para fines personales es aceptado como parte de la cultura” señala el analista Sergio Aguayo.
Aunque la dirigencia del PRI se ha lanzado en tromba contra los gobernadores corruptos y no ahorra epítetos, durante años se ha mostrado indiferente a las denuncias de la prensa y la opinión pública.
Según el escritor y periodista Sergio González el error de Peña Nieto sido gestionar el ‘caso Duarte’ en función del coste político que implicaba. Según González “Los escándalos de corrupción han sido tratados como un problema de manejo de crisis o control de riesgos. En ningún momento Peña Nieto ni su gobierno han mostrado ni una ética ni ejemplaridad auténtica frente a los abusos” afirma.
A diferencia de la etapa actual, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), 17 gobernadores dejaron sus administraciones estatales por diferentes motivos. Fue el último presidente tlatoani. Con la llegada de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000- 2012) la presidencia perdió en los estados la fuerza heredada y esos espacios fueron ocupados por los cárteles y los gobernadores, sostiene Aguayo. “La democracia supone la apertura de espacios y donde había un sistema político cerrado se abren grietas. Esos espacios fueron llenados por gobernadores y otra por el crimen organizado” añade.
Sin embargo, según Sergio González, los estados están lejos de ser reinos o feudos autónomos respecto del gobierno federal porque con él que mantienen un vínculo básico: el dinero que llega del Estado. “Desde luego, persiste una manipulación electorera y clientelar pero el poder presidencial tiene aún la fuerza que da tener mayoría en el Congreso, y es allí donde la partidocracia actualiza la subcultura del autoritarismo en México” explica.
El fenómeno sin embargo, no es exclusivo del PRI. Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora del principal partido de oposición, Acción Nacional (PAN), está en busca y captura por enriquecimiento ilícito y su partido prepara su expulsión si no se presenta el lunes en la sede del partido.
Para Hipólito Reyes, arzobispo de Xalapa, capital de Veracruz, la corrupción comienza en los congresos locales, donde el rodillo de las mayorías impide la fiscalización. Durante los últimos años el obispo ha denunciado los excesos de Duarte, entre ellas la muerte de más de una decenas de comunicadores y la quiebra económica en la que está sumida el estado. “De los 212 ayuntamientos de Veracruz, al menos 50 de ellos han pedido que los recursos lleguen directamente de la federación y que no pasen por las manos del gobierno de Veracruz” revela.
Sobre el precio que pagará Peña Nieto “será muy difícil que el PRI repita en la presidencia para el 2018: ni en México ni en Estados Unidos hay un clima favorable para que acontezca tal circunstancia. Cada vez más, el gobierno estadounidense muestra su influencia sobre el sistema político mexicano. Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero en México para fomentar la democracia, los derechos humanos, el cambio de sistema penal, la seguridad pública, la transparencia gubernamental, el combate a la corrupción, etcétera. Y los resultados son alarmantemente exiguos” señala González.
Aguayo no se atreve a hacer pronósticos sobre el costo político de lo que considera la corrupción sistémica de los gobernadores. “Ignoro si el PRI lo va a pagarlos en las urnas, pero quien ya lo está pagando es el país” concluye
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