Liderados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y en conjunto con organizaciones civiles y académicas, han emplazado a las instituciones electorales y los partidos políticos a garantizar que los candidatos a cargos públicos carezcan de relación con grupos criminales y disminuir al máximo las posibilidades de caer en situaciones de conflicto de interés.
De acuerdo con académicos consultados, los empresarios son un grupo que en momentos coyunturales siempre toman una posición política para defender sus intereses y, además, para seguir fungiendo como grupo de presión ante el Gobierno federal.
Los índices de corrupción en el país tienen actualmente registros históricos. México ocupa el último lugar en los estudios de transparencia y lucha contra actividades corruptas elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo que agrupa a las economías más desarrolladas del mundo.
También, de acuerdo con Transparencia Internacional, México está situado el lugar 103 de un listado de 175 países en materia de percepción de la corrupción, generando diferencias de hasta 80 posiciones en comparación con países del mismo continente.
En las elecciones de este año, explicaron los sindicatos empresariales, los objetivos están claros: disminuir las prácticas de corrupción y conflictos de interés que benefician sólo a grandes corporativos y dañan la captación de inversiones del resto de la comunidad empresas y, también, construir un panorama democrático que no pueda poner en duda la puesta en marcha de las reformas estructurales que ellos mismos impulsaron junto con el gobierno de Enrique Peña Nieto desde 2012, pues de eso dependen también una serie de negocios y capitales que esperan lleguen del extranjero.
Con frases como: “la ciudadanía se ha alejado porque los malos políticos actúan a sus anchas, sin exigencias al compromiso”, “se necesita una nueva generación de políticos para recuperar la confianza en la vida política y social”, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo de la Comunicación (CC) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), principalmente, han afirmado que estar dispuestas dar seguimiento a las propuestas de campaña, a invitar a candidatos a que sean honestos en sus declaraciones y sus relaciones, para impulsar un gobierno eficiente que garantice justicia y seguridad a la ciudadanía, que se realice un combate efectivo contra la pobreza y la desigualdad.
Valeriano Ramírez Medina, profesor del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Silvia Gómez Tagle, investigadora del Colegio de México (Colmex) e Ivonne Acuña Murillo, académica de la Universidad Iberoamericana, coincidieron en la fuerza de esas organizaciones empresariales y en la presencia que ejercen, dependiendo de lo que consideran es más urgente para incentivar los negocios y la inversión en México.
Para la, académica de la Universidad Iberoamericana, los empresarios siempre han estado presentes en los procesos electorales recientes, con el fin de apoyar las causas que velen sus propios y muy concretos intereses.
“Ellos están permanentemente organizados, no son como la sociedad civil que se organiza y se desorganiza, o como grupos civiles que aparecen y desaparecen. El sector empresarial está permanentemente organizado y su fortaleza está ahí, en que siempre está velando por sus intereses”.
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