México, DF.- El sistema de pensiones en el país representa una serie de bombas de tiempo que pueden estallar si en el corto plazo el Gobierno Federal no realiza reformas para quitar beneficios a las jubilaciones de la burocracia, advirtió Francisco Miguel Aguirre Farías, experto en el tema y miembro de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores.Recalcó que actualmente pagamos el 8% del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, unos 100 mil millones de pesos al año, en subsidiar sistemas de pensiones públicos ya quebrados y si no se aplica pronto una reforma, en 15 años, ese porcentaje puede llegar al 14%. A valor presente, el pasivo contingente (lo que se va a pagar a los jubilados actuales hasta que fallezcan) vale 120% del Producto Interno Bruto y de esto, alrededor de 90% corresponden a sistemas de servidores públicos y universitarios como los del ISSTE, Pemex, CFE, estados y municipios.
Uno de los mayores problemas de la seguridad social en el país, se focaliza en los sistemas pensionarios de los servidores públicos, debido a que las reformas realizadas a éstos en los últimos años, no incluyen a los burócratas que ya laboraban en las instituciones públicas al momento de las reformas (grupo conocido también como generación actual), hecho que deja de lado la idea de que el problema sólo está en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como suele pensarse.
Las reformas que se han hecho únicamente para nuevas generaciones, mantendrían en problemas a las instituciones durante los próximos 40 años; lo cual puede traducirse como reformas que sólo permitirán recuperar el “cadáver” de la institución en 60 años, debido a que el pago de los beneficios de la generación actual, a quien no se modificó el beneficio, implicará que la nómina del personal jubilado llegue a representar un 50% de la nómina del personal activo, lo que “literalmente mataría a cualquier institución”.
Recordó que en el año de 1992 se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), se modificó también la Ley del Seguro Social en 1995 y la del ISSSTE en 2007, sin embargo, las reformas han sido insuficientes, pues las cifras oficiales reportan que cerca del 50% de la población económicamente activa carece de un sistema de pensiones. Explicó que la mayoría de los sistemas pensionarios de Servidores Públicos, tienen como criterio de jubilación la antigüedad y no la edad, y que el monto de la pensión por jubilación equivale al último salario percibido, lo que deriva en que la pensión que reciben sea mayor al último sueldo neto, debido a las exenciones fiscales que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Medidas Urgentes
El 8% del Presupuesto de Egresos de la Federación se destina a subsidiar sistemas de pensiones. Foto: Vanguardia. Ante la pregunta de ¿qué hacer para evitar la descapitalización de los sistemas de pensiones de los Servidores Públicos? Francisco Miguel Aguirre Farías responde que la mejor estrategia es realizar una modificación en el diseño de las prestaciones, para ello deben tomarse en cuenta a los tres grupos de derechohabientes: Pensionados actuales, trabajadores en activo y las nuevas generaciones de trabajadores.
“El escenario es muy complicado porque por un lado no tenemos pensiones 50% de los mexicanos y por el otro hay que ayudarles con una pensión universal, los pensionados del IMSS que son 35% de la Población Económicamente Activa (PEA) va a haber que ayudarles de alguna manera a través de las Afores porque van a dar pensiones muy bajas, el otro 15% de la PEA son los servidores públicos y lo que hay que hacer es limitar sus esquemas de pensiones dela burocracia”, dijo.
Entre los privilegios que habría de acotar a los burócratas enumeró que algunos se jubilan con 25 o 30 años de antigüedad, es decir a los 45 y 50 años de edad y con 100% de su sueldo. La última reforma en la materia en México se hizo en 2007 y a juicio del entrevistado, no quedó completa porque “no se pueden hacer cambios bruscos porque desestabilizarían la gobernabilidad del país”. Recordó que la entrega de una pensión universal fue promesa del actual Presidente Enrique Peña Nieto, por lo que la Reforma Hacendaria tendrá que venir asociada a una serie de cambios en materia de seguridad social.
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