México, DF.- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, ha ignorado en repetidas ocasiones la solicitud del Diputado Israel Moreno Rivero para sentarse a comparar información sobre el número real de familias desplazadas en el país a consecuencia de la guerra.“Yo solicité datos, hace como un mes, al Secretario de Gobernación, para yo poder actualizar el número de familias desplazadas”, dice. “Lo solicité por medio de un oficio que me pudiera apoyar por medio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); y con la información, hacer un foro para ver cómo le vamos a resolver. Hasta la fecha no me ha contestado. Yo me imagino entonces que 450 mil familias para ellos no es de gran importancia”.
Moreno Rivero, Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es secretario de la Comisión Desarrollo Urbano y Ordenamiento de San Lázaro. El silencio de Gobernación, sostiene, demuestra el nulo interés del Gobierno Federal por solucionar este grave problema, que según sus propias indagaciones, podría alcanzar 450 mil familias que se han visto obligadas a abandonar su hogar, por culpa de la delincuencia. Este dato consolida cifras del gobierno de Felipe Calderón y lo que va de Enrique Peña Nieto. Más allá de las cifras, dice, el hecho de que existan casi medio millón de desplazados representa “una verdadera tragedia humanitaria de incalculables proporciones”.
Según sus propias estadísticas –obtenidas con datos del INEGI–, tan solo en Ciudad Juárez, Chihuahua, podrían sumar más de 230 mil personas que han huido por los altos índices de criminalidad, que se movilizaron hacia Estados Unidos o bien se desplazaron a Coahuila, Durango y Veracruz. En lo que va de este año, estimó que 24 mil 500 personas abandonaron su lugar de residencia debido a las actividades criminales.
“La gente pudiente se va a Estados Unidos, la gente que no tiene recursos busca dónde encontrar una seguridad, se han estado traspasando a otros estados, por ejemplo la Ciudad de México o Veracruz”, explica el legislador. Con datos del Informe del Consejo Noruego de Refugiados (NRC), en 2011, la violencia generada por las luchas intestinas de los cárteles que se disputan territorios en Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, generaron que alrededor de 200 mil personas, abandonaran sus casas, empresas, familiares, empleos, escuelas, todas sus pertenencias, en busca de sitios más seguros para vivir.
A nivel local, el legislador señaló que diversos municipios del país actualmente han quedado sin vida, son ciudades “fantasma” porque se han quedado sin población, que ha huido de la violencia que generan los cárteles de la droga. Y estos últimos se han adueñado de las alcaldías, las cuales controlan como parte de su territorio y zona de control.
“Hay municipios que ya son totalmente ‘fantasmas’, es decir ya no hay autoridad, no hay población, no hay actividades económicas”, subrayó. Entre estos municipios “fantasma” el legislador Moreno Rivero mencionó a los municipios de San Fernando, Guerrero y Camargo en Tamaulipas; así como el Platanar, en Sinaloa. Pero el problema, más allá de la frialdad de las estadísticas, es que ni el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón, ni el actual de Enrique Peña Nieto, tienen la intención de reconocer la existencia del desplazamiento.
Y si no se reconoce el problema, mucho menos existen programas específicos que ayuden a mitigar las pérdidas de estas personas, que prácticamente empiezan desde cero, una nueva vida en sitios alejados de su lugar de origen.
PROPUESTAS PARA INDEMINIZAR A LAS VÍCTIMAS
Israel Moreno, Diputado por el Distrito Federal, presentó en noviembre del año pasado, una iniciativa de reforma al Artículo cuarto constitucional, a fin de incluir en la Carta Magna el reconocimiento al fenómeno del desplazamiento, que las personas que lo padecen tangan la protección del Estado mexicano e incluso sean indemnizados por éste. “¿Qué es lo que estoy pidiendo? Que el mismo gobierno les restituya, que se les garantice, pero sobre todo que tengan la seguridad de que puedan ir a trabajar, a ir sus escuelas, de abrir sus negocios, es un tema que estamos buscando se establezca en la Carta Magna”, indicó el legislador perredista.
Asimismo, planteó que el Gobierno Federal, en colaboración con los estatales, diseñen mecanismos de vigilancia de los desplazamientos, así como la debida protección física y jurídica de las personas y sus bienes o apoyos para que se reinserten en sus nuevos lugares de residencia. Israel Moreno Rivero detalló que su propuesta es diferente a la Ley General de Víctimas, promulgada en enero de este año y reformada casi de inmediato, porque la condición de desplazado va más allá de sólo ser víctima, es vivir en un completo estado de indefensión por haber abandonado su vida.
Los desplazados tampoco pueden acceder a la categoría de refugiados, con derecho a la protección que les proporcionan los instrumentos internacionales de la materia, puesto que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida.
“Los esfuerzos de las autoridades estatales para abordar el problema de los desplazados internos se ha iniciado sin mucha coordinación con las autoridades federales. En algunos casos, las autoridades de los Estados han establecido cierta coordinación con la sociedad civil; esa colaboración hay que ampliarla.
INICIATIVA AL CONGELADOR
Como era de esperarse, la propuesta no fue bien recibida por las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional ni de Acción Nacional, porque implica que el Estado reconozca y asuma una postura ante el desplazamiento forzado por el narcotráfico, lo cual significaría que existe un Estado fallido. Además, es más fácil invertir en armamento que en prevención del delito. Por lo cual, el Diputado Israel Moreno Rivero llamó a sus compañeros a evitar que esta iniciativa quede “congelada” en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque cada día que pasa los ciudadanos permanecen indefensos, sin seguridad, sin protección y sin oportunidades para reiniciar sus vidas.
“Es imprescindible contar con esta figura del derecho internacional humanitario dentro de nuestro sistema jurídico determinando con claridad la responsabilidad del Estado para garantizar como mínimo un conjunto de derechos a la atención, la seguridad, así como la restitución de derechos de las personas que han sido desplazadas”, puntualizó el legislador. Finalmente, se pronunció por invertir en prevención del delito, recuperación de valores y cultura cívica, y por otro lado, por el control de los policías o soldados que se dan de baja, porque desafortunadamente son los primeros que encuentran trabajo con el crimen organizado.
No hay comentarios :
Publicar un comentario